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Control social

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El control social, según la Ley 1757 de 2015 en su título V, capítulo I, artículo 60: “Es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

Quienes ejerzan control social podrán realizar alianzas con Organizaciones No Gubernamentales, ONG, fundaciones, universidades, gremios empresariales, medios de comunicación y entidades afines para fortalecer su ejercicio, darle continuidad y obtener apoyo financiero, operativo y logístico.

De igual manera, podrán coordinar su labor con otras instancias de participación, a fin de intercambiar experiencias y sistemas de información, definir estrategias conjuntas de actuación y constituir grupos de apoyo especializado en aspectos jurídicos, administrativos, y financieros.

Teniendo en cuenta el artículo citado anteriormente, el control social es un mecanismo existente para todos los ciudadanos, por tanto, no debemos pertenecer a una organización específica, sino tener un interés común y colectivo por el bienestar general.

En su artículo 61, el control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, la gestión desarrollada por las autoridades y por los particulares que ejerzan funciones públicas.

La ciudadanía, de manera individual o por intermedio de organizaciones constituidas para tal fin, podrá desarrollar el control social a las políticas públicas y a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes públicos.

Como ciudadanos debemos ejercer control social en los temas de interés, que afecten a la sociedad o se consideren “problemas públicos”; es decir, que involucren a varios actores en común, por lo cual se debe actuar con soluciones oportunas pensando en colectivo.

Cuando elegimos a una persona o tenemos la representación de alguien en un espacio de participación ciudadana es nuestro deber exigir que haga las cosas bien, que vele por lo que sea bueno para Armenia y, lo que no sea bueno, en definitiva no lo apoye para ejemplo del caso local.

Las facultades que tiene hacer control social, como lo dice la Ley, son: fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano, contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, eficacia y transparencia; prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión estatal, en particular los relacionados con el manejo de los recursos; fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos que afectan a todos; apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales; entre otras.

Por ende, la invitación respetuosa es a que como ciudadanos actuemos con responsabilidad, seguimiento y constancia frente a los temas de interés como el deporte, la cultura, la educación, el medio ambiente, la salud, el empleo, la cultura ciudadana, la movilidad, entre otros, ya que estas son causas comunes en las cuales todos podemos aportar.

El control social es un gran reto que debemos asumir como ciudadanos, hacer seguimiento a los procesos sociales que tienen repercusión con toda la comunidad, exigirles a las personas que nos representan que realicen una labor loable y responsable, pero, sobre todo, preocuparnos por nuestro alrededor con sentido de pertenencia y cultura.

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