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Explotación minera vs participación ciudadana

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Hoy en día son más notorias las movilizaciones, donde la población se manifiesta, porque sus regiones son afectadas por proyectos mineros o energéticos.

En Julio de este año en consulta popular convocada por las autoridades del municipio de Piedras Tolima cerca de tres mil manifestantes dijeron no a la explotación de oro, pues estaba afectado directamente la fuentes de agua para el consumo humano con mercurio; el interés no es otro que proteger el medio ambiente y evitar los impactos que serán irreversibles. Surgió allí la pregunta que le traslado a ustedes: ¿Queremos oro o agua?

El deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables, la integridad y disfrute del ambiente es compatible y concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social; por eso en ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, concesiones o licencias para obras y trabajos no amparados por un título minero.

El titulo minero es un contrato de concesión debidamente otorgado e inscrito en el registro minero nacional que con la vigencia del actual Código Minero se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal.

Se deben hacer estudios con lupa en las concesiones de licencia ambientales y lo concerniente al régimen fiscal, justicia tributaria y el seguimiento de los impactos económicos, sociales que deja la actividad minera no controlada; pues son los lugareños y su entorno los que pierden más en esta y futuras generaciones. Si la consulta a la ciudadanía la sustenta la ley, porque no se tiene en cuenta o trata de desviarse por parte de los que realizan la actividad minera.

Ha llegado el momento que a quienes se les otorgan títulos mineros quieren hacer y deshacer sin contemplaciones con el medio ambiente; no tienen en cuenta las sostenibilidad; que decir entonces: ¿Qué ocurrirá con la minería ilegal? Además no teniendo en cuenta que no podrán ejecutarse ni exploración ni explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables: zonas excluidas de la minería, pero no obstante que tienen esta prohibición, insisten en solicitar licencias de exploración y explotación y sin concederse el titulo minero empiezan a explorar y explotar naciendo el tira y afloje jurídico.

¿Se puede hacer minería responsable, cuidando la salud de los colombianos? Este es un magno interrogante que debemos tener en cuenta todos; la institucionalidad y legislación al respecto debe ser más clara, que no dé a malas interpretaciones cuando se soliciten licencias ambientales; ya que se otorgan licencias sin establecer intereses locales, aquí debe tenerse en cuenta un principio de articulación entre la nación y los entes territoriales.

El gobierno nacional a quien le compete conceder este tipo de autorizaciones no debe ser ajeno a lo que piensan los posibles afectados.

La ley 685 de 2001 o más conocida como el Código de Minas en Colombia dentro de sus objetivos tiene el de fomentar la exploración técnica, la explotación estatal y privada, satisfaciendo los requerimientos de la demanda interna y externa, y que su aprovechamiento se realice en forma armónica.

Las crecientes movilizaciones y expresiones de afectados y ambientalistas en contra de proyectos de explotación minera ponen en cuestionamiento las decisiones de gobierno y empresas y exigen un cambio en la relación con las comunidades afectadas, que no se quede en letra muerta.

El compromiso de esta generación es tener sentido de pertenencia por nuestro entorno ambiental sostenible, sano y entregarlo así a las futuras generaciones.

 

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