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Armenia y gobernación del Valle aún no firman Pacto de Trasparencia

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Que a estas alturas 17 alcaldes y 19 gobernadores posesionados el pasado primero de enero no hayan firmado un pacto ‘simbólico’ de transparencia y anticorrupción propuesto por el Gobierno Nacional en el sector transporte, es un muy mal síntoma y deja en evidencia la gran tragedia nacional.

Jugarse todo el capital en combatir la corrupción habría sido un factor determinante para el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero como esa no es una de sus prioridades, a diario tenemos que seguir observando titulares que minan la poca credibilidad de que aún goza el primer Mandatario de los colombianos.

El manejo amañado de la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los departamentos de la Costa Caribe, que se extendería a otras regiones del país, minan las esperanzas de un pueblo que ya no cree en los cantos de sirena de la anhelada paz, la cual por cierto se ‘negocia’ también a espaldas de los ciudadanos.      

Tras cada nuevo escándalo el Presidente y sus áulicos quedan mal parados, como quedaron el alcalde Armenia y la gobernadora del Valle del Cauca, quienes según la información publicada por el Tiempo, no han firmado el citado pacto, información que dicen circula con preocupación por los escritorios de la Vicepresidencia, el Ministerio de Transporte y el Invías.  

Según el diario, desde el despacho del Ministerio de Transporte y, luego, del Invías, salieron entre el 4 y 5 de febrero las primeras cartas y e-mail a las alcaldías y gobernaciones invitándolas a participar en la política de transparencia en el sector. Incluso, hubo dos encuentros, el 16 de febrero y 24 de febrero, convocados por la ministra de Transporte, Natalia Abello, sin que se lograra la anhelada firma.

Si bien, el compromiso de transparencia no es una obligación ni lo exige norma alguna, la renuencia a firmarlo dejaría al descubierto la falta de voluntad de estos mandatarios en asumir prácticas que den confianza a los colombianos, pues queda la sensación que continúan contratando a la medida de los amigos.

Pero no solo los gobernantes locales y regionales son renuentes a comprometerse en la lucha contra la corrupción, la molestia generada por un proyecto de ley que busca que todo congresista tenga que mantener actualizada y publicar anualmente en la página web de cada Cámara la declaración juramentada de bienes y rentas, confirman que el mal es endémico.

La iniciativa va más allá, quiere obligar a los legisladores a que publiquen los proyectos de ley y de reforma constitucional radicados, las citaciones a debates de control político, las votaciones en las que participó, incluyendo el sentido de su voto, y la asistencia a sesiones de plenaria y comisiones, así como las justificaciones de inasistencia.

Ninguna de estas exigencias son de otro planeta, son controles mínimos comparados con los que aplican al resto de trabajadores colombianos, sin embargo, los honorables padres de la patria se sintieron ultrajados, a tal punto que un medio nacional tituló, ‘polémica por proyecto que busca meter  en cintura a congresistas’. Como si el cumplimiento de su trabajo fuera una exigencia estrafalaria.

Estrafalarios   son los beneficios que reciben por ocupar sus cargos, empero no debemos hacernos ilusiones, el próximo 20 de junio, cuando termine la legislatura, nos encontraremos con la noticia que la propuesta se hundió pese a que ya había superado dos de cuatro debates en el Legislativo.

Esa es nuestra devastadora realidad, la de un país arrasado por su propia dirigencia; dirigentes que saben que pueden actuar con procederes poco ortodoxos porque asumen que la mano de la justicia si acaso los toca, ya que han acumulado tanto poder que tuercen hasta a los propios togados, sin importar su investidura.  

Se imaginan lo que sucedería si los salientes mandatarios y su parentela, de sangre o afinidad, hicieran públicas las declaraciones de renta juramentadas, antes de asumir los cargos y después de dejar sus cómodos puestos. 

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