Pese a no haber determinado aún el presupuesto destinado para este objetivo en el departamento, el Comité de Cafeteros del Quindío espera en 2012 aumentar el área renovada en cerca de 500 hectáreas.
Por: Andrés Felipe Mejía Álvarez
En su estadía, el funcionario del orden nacional se entrevistó con los miembros de la asamblea ordinaria anual de la Fundación Alejandro Londoño, que lo invitó a participar en la reunión y en la que esperaba, entre otras cosas, poder interactuar y retroalimentarse de las preocupaciones e impresiones del organismo con respecto al tema.
“Estos decretos generaron una reacción desafortunada que ya habíamos previsto, pero no en esa magnitud, y pensamos que en gran parte ha sido causada por el desconocimiento del alcance de éstos. Además no era el momento político más oportuno, el gobierno tranquilamente hubiera podido pasar ‘de agache’ ignorando el problema y dejándole al nuevo serios problemas en el tema del aseguramiento en Colombia, pero esto no hubiera sido responsable”.
Añadió que “ya lo ha dicho el presidente, este es un gobierno caracterizado no en base a encuestas o si va a generar ruido, sino que busca lo mejor para los ciudadanos, porque la crisis y el colapso que se acercaba eran tan grave que ameritaba una intervención de fondo”, declaró.
Para el titular es de celebrar que se haya centrado la discusión en temas como la calidad y la oportunidad de los servicios de salud y no en la cobertura, materia en la que se ha pasado de una cobertura de 23 millones de afiliados en el inicio de este gobierno a 41 millones. Por otra parte, anunció, hay disponibles cuatro millones de cupos más para la población que aún no los cubre la seguridad social, “lo que para una nación con 45 millones de habitantes, es un gran avance, si se tiene en cuenta una cobertura total de su población”.
Destacó que la entrada en vigencia de la reglamentación impone tanto retos como oportunidades para la prestación del servicio por medio del modelo de aseguramiento.
“El gran desafío es la unificación de los planes de salud entre los regímenes contributivo y subsidiado, cubriendo con los recursos provenientes de orígenes como Sistema General de Participaciones, destinados para la financiación del mayor valor de la prima para afiliaciones al paquete de régimen contributivo”.
Cuervo Valencia subrayó que, pese a la percepción de gran parte de la población contraria a la labor de las EPS, el modelo ha permitido una atención temprana del riesgo.
“A las aseguradoras cuando se habla de pago por resultados, se les exige que no sean simples administradoras de los recursos. Gran parte de las tutelas que se interponen no derivan de una falta de norma, sino de un desconocimiento de los requerimientos que se le hacen a los actores del sector. Una de las cosas que se han logrado con la emergencia social es darle herramientas a la Superintendencia Nacional de Salud, para que efectúe intervenciones forzosas de tipo administrativo”, indicó.
Casos como los pacientes que son remitidos a otra ciudad para recibir algún procedimiento y que se ven limitados geográficamente podrían desencadenar acciones como la cesación del procedimiento, es decir, que quede sin piso la determinación de la EPS, lo que anteriormente no era del resorte del organismo en cuestión.
“Antes los procesos se demoraban ocho, diez e incluso doce meses, pero ahora el proceso se abrevió y con esto se busca una resolución rápida para evitar que cuando se logre una respuesta el paciente no esté muy deteriorado y que se garantice un derecho a la salud, quitando barreras de las EPS y hospitales. Recordemos que las EPS deben tener una red de servicios y se debe traducir en servicios y especialistas adecuados cercanos al lugar de residencia”.
Otros puntos neurálgicos
El viceministro se refirió al principio de progresividad en la conformación de la canasta del Plan Obligatorio de Salud, POS, y que se encuentra consignado en los decretos 131 y 133 de la emergencia social.
“Este quiere decir que los planes no pueden disminuir las coberturas que hoy tienen los colombianos, el piso para posteriores modificaciones será el plan vigente en el momento en el que se expidió el decreto y está clara la prohibición de regresividad, es decir, no es posible que ninguna autoridad disminuya las especificaciones de la canasta básica en salud”.
Por otra parte, subrayó el pronunciamiento del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al presentar un proyecto de ley que busca eliminar del paquete reglamentario la opción de que los usuarios financien con sus cesantías procedimientos no POS, ahora conocidos como prestaciones excepcionales.
“Con la norma se sacaría del ordenamiento jurídico el articulo del decreto 8033 que admitía esta posibilidad, considerada hoy una norma ineficaz”.
Destacó además la disponibilidad de más recursos con los que se sustentará la prestación de procedimientos o medicamentos no incluidos en el POS, para lo que anteriormente era necesaria una tutela o la presentación en un comité técnico científico, y que hoy en día son viables gracias a los nuevos impuestos a la cerveza, el tabaco y los juegos de azar.
“Por otra parte, antes se transfería de la nación a la alcaldía y de ahí a las EPS e IPS. Hoy se plantea la eliminación del contrato entre gobiernos y se gira directamente por capitación, modelo en el que la EPS recibe un 60% y el 40% restante va para el hospital, con el fin de que se agilice el pago a proveedores y nómina. Hospitales con altos índices de desempeño permiten evitar la burocracia y la politiquería y que los ingresos se destinen a aspectos como la modernización en tecnología y el pago de proveedores y funcionarios”.
El funcionario señaló también la utilización del 30% de los recursos provenientes de los bienes incautados del narcotráfico para prevención y tratamiento de adicciones.
“Otro punto que causó un malentendido inicialmente y que se ha venido aclarando es el hecho de que los médicos u odontólogos podrán elaborar sus propias guías, documentos que antes eran desarrolladas por las EPS mientras que los profesionales quedaban sujetos. Ahora, si hay alguna conducta reprochable son sus pares los que evalúan”.
Se refirió posteriormente al papel de la comisión nacional de Regulación de Precios de Medicamentos y Dispositivos, que aminora el volumen de abusos y excesos en la comercialización; así como del Fondo de Prestaciones Excepcionales, Fonpres, que financia las intervenciones excluidas del POS por medio de la evaluación de criterios como la pertinencia, la relación costo-efectividad y las buenas prácticas en el mundo para determinada patología, como con las enfermedades huérfanas.
“Es una figura importante que hoy esta financiada y antes se hacia mediante el recobro al Fondo de Seguridad y Garantías, Fosyga”.
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Audio Carlos Ignacio Cuervo, viceministro de Salud y Bienestar del ministerio de la Protección Social.