Martes, 17 Sep,2019
Armenia / ABR 07 2018 / hace 1 año

Así fue la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia y su esposo

El fiscal general de la nación entregó detalles sobre la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia Franco por detrimento patrimonial con el proceso de valorización de Armenia. 

Así fue la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia y su esposo

La captura se produjo en horas de la mañana. / Especial para LA CRÓNICA

Tras la captura de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Javier Valencia Salazar y cinco exfuncionarios de la administración municipal, por detrimento patrimonial en el proceso de valorización; el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, entregó detalles de la investigación que adelanta el ente de control en la cual se identificaron “hechos oprobiosos que desdicen la conducta de los servidores públicos”.

En contexto: Fiscalía capturó a exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y a su esposo

“En el expediente se acredita a través de prueba testimonial y documental que desde el año 2014, Francisco Javier Valencia Salazar y el contratista de las obras de valorización, Fernando Díez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de este último, a cambio de que se le entregara al esposo de la entonces mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras en dos interrogatorios surtidos luego de su captura en días anteriores, ante la fiscal de conocimiento en Medellín”, precisó Martínez.

Señaló que lo que es absolutamente criminal es imponerle una carga tributaria a la ciudadanía que tenga por destino bolsillos particulares, pues sin que se hubiesen suscrito los contratos respectivos para la construcción de 12 obras viales en la capital quindiana, mientras se tramitaban los acuerdos en el concejo municipal para ver si se aprobaba la imposición del impuesto de valorización a los armenios, Fernando Díez entregó a Francisco Valencia $300 millones para el direccionamiento de la selección a la hora de adjudicarlos.

Vea también: Luz Piedad Valencia, llamada a interrogatorio por presunto detrimento patrimonial

Valencia Salazar se habría reunido con los secretarios de despacho de la exalcaldesa para asegurar dicha maniobra contractual a favor del contratista y los funcionarios habrían convenido la violación del principio de selección objetiva que obliga a todos los servidores públicos.

Los pagos del acuerdo ilícito se habrían realizado en efectivo en Armenia y Medellín a Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, y estos dineros llegarían finalmente a la familia de la exalcaldesa.

“Por lo general en estos casos de contratación pública se celebra el contrato espurio con los anticipos como ocurrió en este caso, que contribuyen a generar una liquidez que va a privados, pero es bastante insólito que antes de si quiera haberse celebrado los mismo se hayan hecho pagos. Lo que nos faltaba ahora, arras en los procesos de corrupción pública”, manifestó el fiscal Martínez.

Recomendado: ¿Cuál será el futuro de las obras por valorización en Armenia?

La evidencia apunta a que los pagos habrían ascendido a los $14.000 millones, suma que forma parte del detrimento hasta ahora acreditado en la investigación que ascendería a $22.000 millones, de los 90.000 millones de la contribución por valorización, es decir, el 25% de lo que ha logrado acreditar la Fiscalía hasta el momento que se ha perdido para los contribuyentes de la ciudad.
 

 

Lo que sigue en la investigación 

La investigación de la Fiscalía avanza en la determinación de si los dineros comprometidos se habrían destinado parcial o totalmente al financiamiento de campañas políticas locales, aspecto sobre lo cual obran indicios relevantes en la investigación.

Un contrato de megacolegios en la isla de San Andrés, que habría sido adjudicado a los contratistas Díez y Moreno de las obras de Armenia, por valor de $52.000 millones también entró a formar parte de la investigación.

Lea también: “Sobre valorización, habrá segunda fase investigativa y posiblemente más capturas”: Fiscalía

La interventoría de dicho contrato fue asignada a la misma firma de quien fungió como interventor en las obras de valorización de la capital quindiana.

Adicionalmente se verificó la existencia de un convenio interadministrativo por $10.000 millones entre la Edua y la gobernación de San Andrés, en el marco de esta nueva administración municipal para ejecutar unas obras que le habrían sido adjudicadas en la isla al señor Hernán Moreno, parte de la unión temporal de las obras de Armenia por valorización, cuya indagación ha iniciado también por compulsa decretada por la fiscal del caso.

“En relación con unos pagos y cuentas entre miembros de este concierto para delinquir, donde, al parecer, por las pruebas que hemos empezado a recaudar, se estarían haciendo recobros entre las partes, existe un principio de prueba sobre la muerte de una persona en Pereira y estamos indagando si hay una relación de conexidad entre ese homicidio y las circunstancias que hoy hacemos de conocimiento público para Armenia y el Quindío”, señaló Martínez.

Le puede interesar: “Estructura legal, financiera y técnica de valorización no fue planificada”

Agregó: “Han circulado panfletos en estas tierras tan cercanas a nuestros afectos que han llegado a la propia capital de la República, para deslegitimar esta investigación de la cual obra copiosa evidencia que nuestra función de abogados de la sociedad donde llevamos las pruebas ante un juez con el único propósito de honrar y servir a la justicia. Esos panfletos dan cuenta de que existiese un propósito politiquero en estas indagaciones, los jueces de la República darán el veredicto ante la evidencia que someteremos a su conocimiento”.
 

Los capturados y los cargos que les imputan

La investigación por el proceso de valorización en Armenia deja hasta el momento 12 capturas. En la primera fase fueron detenidos los contratistas Fernando Díez Cardona, Luz Maribel Ramírez Patiño, Hernán Moreno Pérez y Ángel José Angarita Pareja, quienes actualmente se encuentran en audiencias de imputación de cargos y se espera que durante los próximos días se determine si se aprueba la solicitud de la Fiscalía de instaurarles medida de aseguramiento.

En la segunda fase, como resultado de testimonios aportados por los contratistas capturados, este sábado fueron detenidos otros siente implicados:

Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia en el periodo 2012 – 2015, a quien se le acusa  por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de cinco contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de Armenia, es acusado por peculado y concierto para delinquir.

Ricardo Arturo Ramírez Londoño, director del Departamento Administrativo Jurídico de la alcaldía de Armenia, acusado por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de tres contratos sin cumplimiento de requisitos; falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Juan Sebastián Londoño Forero, subdirector del Departamento Administrativo Jurídico de la alcaldía de Armenia durante la administración de Luz Piedad Valencia Franco, acusado por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de dos contratos sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Sebastián Congote Posada, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, durante la administración de Luz Piedad Valencia Franco, es acusado por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de 3 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Aura María Zapata Saldarriaga, funcionaria de la Edua para el momento de los hechos, es acusada por los delitos de peculado y concierto para delinquir.
 

Podrían haber más implicados

El fiscal general de la nación dijo que la operación apenas va en su segunda fase y por eso no excluyen la posibilidad de que haya nuevas imputaciones por parte del ente de control. “Partícipes de estos actos que ahora colaboran con la Fiscalía y a quienes hemos ofrecido beneficios si nos entregan pruebas evidentes de nuevos comportamientos delictivos, han mencionado que alguna parte de estos recursos se habrían destinado al financiamiento de campañas electorales locales”. 

Frente a la implicación de la actual administración en estos hechos punibles, el fiscal dijo: “No descarto que las indagaciones puedan llegar hasta allí, hemos concentrado en esta fase las investigaciones sobre lo que ocurrió en la adjudicación de estos contratos. Los resultados los tienen a la vista los ciudadanos, cuáles obras se ejecutaron y cuáles no, ya vieron que se redujo el inventario de contratos por la imposibilidad de desarrollarlos, lo cierto es que por ejemplo el certificado de disponibilidad para llevar a cabo la actuación relativa a los contratos por $80.000 millones fue otorgado a posterioridad de la celebración del contrato en la actual administración”. 


Redacción
LA CRÓNICA


COMENTA ESTE ARTÍCULO

En cronicadelquindio.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces, si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador.

logo-copy-cronica
© todos los derechos reservados
Powered by: rhiss.net