Jueves, 21 Jun,2018

Economía / JUN 13 2018 / Hace 7 Dias

Constructora Centenario apelará multa de la SIC por publicidad engañosa

La denuncia señala que en 2005 se promocionó el proyecto como ‘conjunto cerrado’, pero el objeto de compraventa fue ‘lote mejorado con casa de habitación’.

Constructora Centenario apelará multa de la SIC por publicidad engañosa

Foto de referencia, Pixabay

Tras conocerse la decisión emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en la que sanciona a la Constructora Centenario por publicidad engañosa relacionada con el proyecto Cabo de la Vela en la ciudad de Armenia, Gustavo Alberto Castaño Sarmiento, representante legal de la constructora, indicó que apelarán la decisión.

La decisión no se encuentra en firme, y por lo tanto procede el recurso de reposición ante el funcionario que profirió la decisión y en subsidio el recurso de apelación ante el superintendente delegado para la Protección del Consumidor, los cuales se interpondrán dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la providencia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011”.

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La resolución número 38125 de 31 de mayo de 2018 resuelve imponer una multa a la Constructora Centenario por la suma de $312.496.800.

“El valor de la sanción pecuniaria, que por esta resolución se impone, deberá efectuarse utilizando la forma universal de recaudo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución, pago que debe acreditarse en la ventanilla de la tesorería de esta Superintendencia con el original de la consignación, donde le expedirán el recibo de caja aplicado a la resolución sancionatoria. Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual”.
 

La denuncia

Los denunciantes señalan que el proyecto, que hace parte del Parque Residencial Colombia, fue promocionado como conjunto cerrado en los años 2004 y 2006, a través de la revista La Guía Finca Raíz. Señalan que al firmar las escrituras públicas de compraventa e hipoteca el objeto fue ‘lote mejorado con casa de habitación’ desapareciendo el concepto de ‘conjunto cerrado’, sin existir el reglamento de propiedad horizontal.

El representante legal de la Constructora Centenario destaca que en la resolución se precisa que la investigación no trata acerca de si las casas promocionadas por la investigada son una ‘estafa’ o si los motivos de los quejosos son ‘loables’.

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En la investigación, la constructora señala que “si se analiza desde el punto de vista jurídico, espacial y técnico, toda casa en Colombia, que se encuentre en conjunto cerrado, primero fue un lote de terreno sobre el cual luego de efectuar la división material del predio de mayor extensión, en parte de los lotes resultantes, se levantó —se construyó a expensas del constructor— una casa, razón por la cual lo que inicialmente fue un simple lote, se mejoró con una casa de habitación y si a ello se agregan elementos tales como que ese (esos) lote (s) sobre el (los) cual (es) se encuentra (n) construida (s) una (s) casa (s), hace (n) parte de un conjunto cerrado, nos permite concluir por sustracción de materia, que se trata de una casa de habitación en conjunto cerrado. Es decir, un lote de terreno mejorado con una casa de habitación, sometido a régimen de propiedad horizontal”.

La dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor no encontró que las expresiones ‘lote mejorado con casa de habitación’ corresponda en sí a publicidad engañosa.

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“Si bien es cierto lo que relata la investigada respecto a que “la situación de las áreas de cesión de los conjuntos Cabo de la Vela, Barú y Caño Cristales, no fue por un acto caprichoso o desleal del constructor con los consumidores, ni con las autoridades; se trató de una exigencia normativa del Plan de Ordenamiento Territorial de esta ciudad, expedido bajo los acuerdos 001 de 1999 y 006 de 2004, que ordenaban al particular a ceder a favor del ente territorial las áreas comunes de los conjuntos”.

Los denunciantes argumentan que la constructora entregó los terrenos correspondientes a las áreas comunes al municipio, como áreas de cesión, en cumplimiento al régimen de urbanismo, advirtiendo que lo mismo sucedió con las casas en el conjunto cerrado Caño Cristales, con la diferencia que en las escrituras de venta sí se hablaba de coeficientes de copropiedad, pero las áreas comunes fueron entregadas al municipio como área de cesión obligatoria. Lo mismo habría sucedido con la urbanización Barú y Manaure.


Redacción
LA CRÓNICA


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