“Los contralores territoriales se permiten enfatizar que el problema del control fiscal en Colombia es estructural y predicar su desaparición como órgano de control no es sinónimo de extinguir la corrupción administrativa, por el contrario, el trabajo en equipo de los nuevos contralores territoriales permitirá una aplicación transparente según lo predicado en el Estatuto Anticorrupción expedido por el gobierno nacional”, señalaron los funcionarios a través de una misiva.
Sobre las medidas a tomar sobre problemáticas en el país, aseveraron que constituirán un grupo de estudio permanente a fin de generar un análisis objetivo de la real importancia de las contralorías departamentales en su labor deontológica en defensa de los bienes del Estado y de la lucha contra la corrupción administrativa.
“Trabajaremos con las nuevas herramientas que proporciona el mismo estatuto como la implementación del sistema de oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal adoptando la nueva metodología de auditoria territorial, orientando el control hacia políticas públicas y proyectos, al perfeccionamiento y especialización del proceso auditor, a la evaluación de la contratación en tiempo real, a la implementación de tecnologías que permitan visibilizar el control fiscal, y a la vinculación activa de la comunidad en nuestros diferentes escenarios de control”.
Motivaron el trabajo integral en armonía con la Contraloría General de la República, la procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, FGN, “toda vez que el problema de la corrupción administrativa es uno solo y debemos enfrentarlo con firmeza y espíritu de colaboración”.
La misiva fue firmada en sentido además de que participaron en el programa de inducción al control fiscal organizado por la Auditoría General de la República, AGR; la Contraloría General de la República, CGR; Escuela Superior de Administración Pública, Esap; y el Sistema Nacional de Control Fiscal, Sinacof.