Por: Andrés Felipe Mejía Álvarez
Con siete líneas estratégicas que buscan darle impulso al sector, se aprobó por parte del Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, Conpes, la política de desarrollo económico para la economía solidaria.
En el documento se establecen como lineamientos los correspondientes a la regulación mediante normas y barreras; la revisión a las labores de entidades como la Superintendencia de la Economía Solidaria; la simplificación de trámites; el fortalecimiento del sistema estadístico; la prevención del uso inadecuado de las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA; la optimización de temas regulatorios para las cooperativas que prestan servicios financieros y el facilitamiento del acceso a los instrumentos de fomento.
“La definición de estas estrategias nos parece que corresponde al reconocimiento del papel económico y social de la economía solidaria en el país. La mayoría de sectores productivos cuentan con un Conpes que regula su actividad y nos parece adecuado que haya sido concertado entre el gobierno nacional y los gremios que dieron a conocer los vacíos y necesidades existentes en el ramo”, explicó Clemencia Dupont, presidenta ejecutiva de Confecoop, gremio que reúne a las entidades privadas incluidas en el sector.
“Aunque aún no tenemos en nuestro poder el documento definitivo que regirá el ejercicio de la labor, consideramos que los puntos incluidos en él consagran lo que necesita actualmente este tipo de empresas”, afirmó.
Para la dirigente es destacable que se hayan delimitado claramente las compañías que deben ser consideradas como parte del concepto de economía solidaria.
“Fue uno de los primeros trabajos que se llevó a cabo y que dio como resultado la definición de las que operan bajo el modelo de mutualidad, es decir, las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, excluyendo a otras que por su ejercicio no coinciden con estas pero que a falta de una reglamentación específica al respecto, eran reconocidas como constitutivas”.
Entre los aspectos que la dirigente subrayó se encuentra el que trata de la creación de una comisión intersectorial que trabajará en propuestas de mejora al sistema jurídico del sector la revisión institucional de las entidades públicas que fomentan y vigilan al sector.
También enfatizó en la relevancia del trabajo de la comisión intersectorial para promover la formalización del trabajo decente, organismo que se conformará en un plazo inferior a seis meses y que orientará su labor al controversial tema de las CTA, identificando para esto las necesidades normativas para este tipo de cooperativas, implementando una ventanilla única de registro para su registro, publicando una cartilla informativa para la defensa de los trabajadores asociados, planteando mecanismos de certificación de buenas prácticas empresariales y formulando las bases de un estatuto para el trabajo asociado cooperativo.
“Estábamos cansados de pedir que se aplicara algún freno a este tema porque la inadecuada práctica de algunas de estas —en ocasiones con conocimiento de sus inconsistencias— ha llevado a que se pisotee el nombre de las cooperativas en general”.
También se mostró satisfecha con la propuesta de un mejoramiento en los actuales esquemas de regulación prudencial en materia financiera, en la que se deberán reglamentar las prácticas en materia de manejo de riesgos, derivados de la administración de fondos de liquidez a través de una caja central de liquidez.
“El documento plantea estándares de control para ejercer un mayor control de la liquidez que permita fondear y apalancar recursos. Hay que recordar que estas instituciones no cuentan con el respaldo que, por ejemplo, el Banco de la República brinda a los bancos, pese a que comparten umbrales similares de riesgo por su actividad”, explicó.
Por último, Dupont destacó el hecho de que el documento establece más de 30 acciones derivadas de los siete lineamientos con sus responsables, fuentes de financiamiento y plazos para su ejecución.
