Domingo, 20 Oct,2019
Región / SEP 16 2019 / hace 1 mes

Hacinamiento vulnera derechos de los sindicados en el Quindío

De acuerdo con las autoridades, las cárceles están con su capacidad permitida, pero en los centros temporales de reclusión, la historia es otra.

Hacinamiento vulnera derechos de los sindicados en el Quindío

Desde la secretaría del Interior atribuyeron el hacinamiento sobre todo a los establecimientos carcelarios temporales, más que a las cárceles.

A propósito del anuncio del ministerio de Justicia y del Derecho sobre el trabajo con municipios y departamentos para hallar soluciones a los problemas de hacinamiento, LA CRÓNICA consultó con las autoridades locales, cuál es la situación del Quindío y cuál es el trabajo que se está realizando para mitigar la problemática.  


Trabajo interinstitucional

Andrés Buitrago Moncaleano, secretario del Interior del departamento, explicó sobre el tema de hacinamiento, que se viene trabajando de manera interinstitucional para mitigarlo. Aclaró que en las cárceles no existe el problema y que es importante tener en cuenta que “tenemos una tutela que nos obliga al cumplimiento y a evitar el hacinamiento y eso nos ha dado una ventaja en ese tema”.

Agregó que el problema de hacinamiento más que en cárceles, está en las estaciones de Policía, “lo que venimos haciendo es buscando cómo adecuamos las estaciones de Policía para que tengan mejores condiciones, tenemos una solicitud hecha de manera formal con la ministra Margarita Cabello Blanco para revisar el tema judicial en el departamento, la celeridad en los procesos, tenemos personas sindicadas que llevan demasiado tiempo, más del que se esperaría que estuvieran, entonces esperamos que una vez que sean judicializadas pasen a ser responsabilidad del Inpec”. 

Indicó que con el representante a la Cámara Diego Javier Osorio “se estuvo revisando el tema para hacer la solicitud de la modificación a la norma, para que con los recursos del Conpes se pueda destinar una pequeña parte a la adecuación de establecimientos carcelarios, toda vez que sabemos que las alcaldías y las gobernaciones muchas veces no disponen de los recursos necesarios para ello”.  

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Irregularidades detectadas 

La defensora del Pueblo, Luisa Fernanda León Betancourt, informó sobre la situación en los centros temporales de reclusión, que tiene una tutela por el hacinamiento, “hemos visitado, en la Policía departamental, La Unión y La Isabela, entre otros y hemos verificado la información. Hemos encontrado que están vulnerados los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Insistimos al Inpec y la Unidad de servicios Penitenciarios Carcelarios, Uspec, que son los que tienen la administración en ese tipo de asuntos en el tema de hacinamientos”.

León Betancourt explicó que junto a la Procuraduría Provincial han realizado visitas logrando que las personas que se encuentran en situación diferencial sean trasladadas a cárceles, “lo logramos con una mujer embarazada, con una diabética, con un hombre casi parapléjico porque no estaban en las condiciones adecuadas”.

Aclaró que el inconveniente es que las cárceles están en su cupo ya a tope, y pueden recibir personas condenadas y no sindicadas, que son los que se encuentran en los temporales. “Tuvimos este gran inconveniente. En reunión con la directora regional de Inpec, Clarahibel Idobro Morales, estamos trabajando en el tema. Pero de igual forma, de manera constante estamos visitando estos lugares para verificar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de la libertad”, expresó la defensora.  

Carolina Arango Uribe, procuradora Provincial, confirmó la gestión realizada desde su despacho, “efectivamente la Procuraduría ha estado haciendo el seguimiento en el comité de derechos humanos a los hacinamientos de las personas privadas de la libertad, esto se ha liderado por parte de la Procuraduría Regional y por parte de las procuradurías judiciales, penales y se ha logrado establecer irregularidades”.

Arango Uribe destacó que la situación irregular se ha evidenciado con la presencia de personas condenadas en centros temporales. “En municipios puntualmente como Buenavista tuvimos un caso hace algunos meses de un funcionario que se despachó a verificar la situación de los privados de la libertad en la Sijín y las condiciones en los demás establecimientos, —pues como ellos están bajo una decisión jurisdiccional por acciones de tutela no pueden superar la capacidad máxima que se tiene por orden judicial—. Al parecer se evidenció que había un condenado en centros tránsitos”. 

El coronel Luis Hernando Benavides Guancha, comandante de la Policía Quindío, confirmó la reclusión de un condenado en un centro temporal y entregó las cifras concretas en la región. “Actualmente hay 183 sindicados, de los cuales 1 está condenado”. Explicó que el proceso de judicialización debe realizarse entre las 36 y 48 horas de la captura y que hasta cuatro meses es el tiempo máximo que pueden estar retenidos.

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Causales de hacinamiento

Clarahibel Idobro Morales, directora regional Inpec Viejo Caldas habló sobre el hacinamiento y destacó algunas causales del mismo. Indicó que la problemática es a nivel nacional y es complejo porque “a través de los años se han ido aumentando más las circunstancias punitivas del país, lo que ha llevado a que los jueces tomen más medidas”.

Otra de las causales listadas es que las alcaldías y las gobernaciones que tenían en su momento las cárceles las fueron cerrando, siendo ese cierre otra razón para que a través de los años se haya generado esa problemática. “Está también el problema de la reincidencia, que también influye”, concluyó.

Sobre el trabajo realizado en el departamento, resaltó que con el apoyo de la Procuraduría se han hecho reuniones con el fin de articular —porque esta es una problemática de todas autoridades—, la construcción de un pabellón de sindicados “que sería corresponsabilidad de alcaldías y gobernación para atender esa población”.

Añadió que es importante decir que el Inpec, aunque los sindicados no son de su responsabilidad, ha hecho todo lo posible por apoyar y brindar alternativas en este tema. “Sin embargo, la solución a esta problemática tiene que ser un compromiso de todas las autoridades, estamos finalizando mandatos, y es un tiempo en el cual se necesitaría que ellos antes de terminar puedan prever espacios adecuados para ampliar esos cupos, que como se ordena en la Ley, se deje previsto en la ley de presupuestos para el 2020, los recursos para atención carcelaria, no se está hablando de un convenio con el Inpec, porque esto no es una solución, estos son recursos para internos que ya tenemos, sino que sean recursos que garanticen en el tiempo la atención a esta población”. 

Como una de las alternativas propuestas expuso que desde la dirección general se ideó el plan 10 mil, una estrategia que consiste en articular con todas las autoridades y jueces la revisión de qué presos tienen beneficios para dar libertad condicional, “se trabaja en todas las ciudades para evaluar cuáles internos pueden tener los beneficios para que puedan salir y liberar un cupo y que esta sea parte de la solución del hacinamiento”. 

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Anuncio del ministerio

La ministra Margarita Cabello Blanco, al término de un debate sobre la situación carcelaria en Colombia mencionó el apoyo que envía a las regiones para mitigar la problemática de hacinamiento. “Estamos pensando en soluciones para este problema. El hacinamiento es tan grande que debemos trabajar de manera colaborativa con los entes territoriales para la construcción de centros de reclusión. Solo así no se afectará el presupuesto nacional”, expresó.

La titular de la cartera de Justicia destacó que con los cupos existentes en los centros penitenciarios a cargo de la Nación se podría atender a la población de condenados, que asciende a 80.000 personas. Sin embargo, la situación obliga a apoyar a las entidades territoriales para resolver el déficit, ya que otros 58.000 privados de la libertad están en calidad de sindicados.

“Hay que tener claro que las sentencias de la Corte Constitucional instan a los alcaldes y gobernadores a que cumplan sus obligaciones. Pero independientemente de la problemática, el Ministerio debe estar atento y dispuesto a colaborar con municipios y departamentos en esta materia. Es un problema de concientización”.

Cabello Blanco indicó que a la par con los esfuerzos en materia de infraestructura, el ministerio de Justicia trabaja en proyectos de resocialización como componentes de la política criminal orientados hacia el fin de la pena. De esa forma se espera reducir el porcentaje de reincidencia entre los condenados que recuperan su libertad.

La ministra no descarta la construcción de más cárceles mediante Asociaciones Público-Privadas, APP, pero teniendo como objetivo una política pública encaminada hacia la justicia restaurativa, que consiga conciliar el reclamo de castigo de la comunidad para quienes cometen crímenes.
 

Las cifras

En el más reciente informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que data de febrero de este año, señala que para las cárceles de Armenia y Calarcá tanto de hombres como la de mujeres, hay 1.422 reclusos, distribuidos así: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario, Epmsc de Armenia, 350; Reclusión de Mujeres, RM, de Armenia 156 y Epmsc, de Calarcá 916.

El Quindío hace parte de la regional Viejo Caldas, junto a Risaralda, Boyacá, Tolima y Caldas con 21 establecimientos, 13,472 internos y 11,227 de capacidad.

 

Lily Dayana Restrepo
LA CRÓNICA

 


 

 


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