Lunes, 25 Jun,2018

Región / ENE 12 2018 / Hace 5 Meses

La defensa confirmó que apeló la destitución e inhabilidad de Sandra Paola Hurtado

El órgano de control también destituyó e inhabilitó por 10 años a los exgobernadores encargados, Jhon James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez.

La defensa confirmó que apeló la destitución e inhabilidad de Sandra Paola Hurtado

Foto / Archivo LA CRÓNICA

Tras el fallo, en primera instancia, que emitió la Procuraduría General de Nación, PGN, en el que destituyó e inhabilitó por 12 años a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, y por 10 años a los exgobernadores encargados, John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez, por irregularidades en contratación con las Empresas Públicas del Quindío, EPQ y la Promotora de Vivienda del Quindío, Proviquindío, la bancada defensora apeló.

En contexto: Procuraduría inhabilitó en primera instancia por 12 años a Sandra Paola Hurtado

De acuerdo con el abogado Andrés Mauricio Quiceno Arenas, esperan que en segunda instancia se revoque. “La decisión ya fue apelada. Este viernes mismo interpusimos el recurso de apelación y se iniciará la sustentación el jueves de la próxima semana. Obviamente esperamos que no sea así sino que la segunda instancia revoque la decisión de la procuradora”, dijo el profesional. 

Destacó que Hurtado Palacio podrá continuar con sus aspiraciones a la Cámara de Representante siempre y cuando el fallo no quede en firme.

“En consecuencia, el fallo aún no se encuentra en firme; es decir, no empieza a surtir efectos hasta que no sea confirmado en segunda instancia. En el momento Sandra Paola y los otros investigados no tienen inhabilidad alguna para continuar ejerciendo sus labores en puestos públicos”, agregó Quiceno Arenas.

Frente al actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, John James Fernández López, el abogado explicó: “Continuará en su cargo y trabajando como lo ha venido haciendo hasta la segunda instancia”.

En caso de quedar en firme el fallo, a Julio Ernesto Ospina se le aplicaría destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos. El exgerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, Heidelman Grajales Puentes, y al exgerente de Provinquindío, Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, la sanción se les convertiría en multa. En este caso, el primero debería pagar seis meses de salario como gerente de EPQ y el segundo tres meses de salario como gerente de Proviquindío.

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Procuraduría calificó de “gravísimo” el actuar de los investigados 

La Segunda Delegada para la Contratación Estatal encontró que los disciplinados participaron en actividad contractual transgrediendo el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación al suscribir seis convenios interadministrativos con EPQ y Proviquindío, sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales. 

“El órgano de control estableció que los investigados utilizaron la excepción para la contratación directa, sin que existiera la causa legal para no adelantar el proceso de contratación, y no permitieron la participación de personas naturales o jurídicas que estaban en la capacidad de ejecutar las obras que se contrataron, a través de los convenios para la reposición de alcantarillados, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción y mejoramiento de vivienda, entre otros”, dice un comunicado emitido por la Procuraduría.

La procuradora encargada de la investigación enfatizó en que: “No existe justificación para que los exmandatarios hayan utilizado la figura de convenio interadministrativo para trasladar la facultad contractual a empresas carentes de capacidad de ejecución que terminaron subcontratando, porque no tenían la solvencia representada en capacidad técnica, administrativa, logística, ni operativa”.

Aclaró que no está prohibido subcontratar algunas de las actividades que desarrollen los objetos contractuales, pero reprocha que se suscriba un convenio interadministrativo, y la entidad ejecutora subcontrate la totalidad de las obligaciones.

Finalmente, la Procuraduría en su providencia calificó la falta de los exgobernadores como “gravísima a título de culpa gravísima”. 

En este proceso, el órgano de control también sancionó al exgerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ y al de Proviquindío.

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“Tenemos claro que es un fallo político” Sandra Paola Hurtado

La exfuncionaria se pronunció en sus redes sociales y aseguró que la decisión de la procuradura “tiene tinte político”.

“El fallo no nos toma por sorpresa. Nosotros sabemos que tenemos tanta fortaleza y es por eso que nos persiguen. Todos conocen perfectamente el ánimo de la Procuraduría y algunos organismos de control que tienen tinte político. Es una primera instancia que lo único que está dejando claro es que aquí hay intereses de fondo muy fuertes que quieren desmotivarnos. No vamos a comer cuento”, dijo.

Agregó: “El tiempo nos dará la razón. Mi mejor abogado es Dios. Es mi único y justo juez. Él es quien me da la fortaleza y nos va a enaltecer evidenciando la cantidad atropellos y problemas de las cuales hemos sido víctimas. No tenemos ninguna culpa. Si a nosotros nos llegaran a sancionar tendrían que sancionar a todos los gobernadores. Son 14 mil convenios que se han realizado en el país y solo me están investigando a mí por cinco que se realizaron en el Quindío”.

Jhon Édgar Pérez, aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, se pronunció frente al fallo, al decir: “Primero mi solidaridad total con Sandra, es además de nuestra líder política, mi amiga entrañable. Estoy convencido que tiene todos los mecanismos legales para poder controvertir la decisión que profirió el ente de control. En Cambio Radical seguiremos trabajando incansablemente por nuestra meta”.

Asimismo, este medio buscó un pronunciamiento del actual director de la CRQ, Fernández López, y de Atilano Giraldo, compañero de terna y aspirante a la Cámara por Cambio Radical, pero no se obtuvo respuesta.  

El próximo jueves 18 de enero, empezará la sustentación de apelación. Son aproximadamente dos meses en los cuales se adoptará una decisión final por parte de la sala disciplinaria.


Dos artículos de la Constitución amparan a los investigados
 

Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. 

Artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. 

 


Redacción 
LA CRÓNICA 


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