La Región / Mayo 19 de 2017 / Comentarios

“La contratación en el San Juan de Dios ha sido transparente”: Jaime Gallego

“La contratación en el San Juan de Dios ha sido transparente”: Jaime Gallego

Con respecto a las denuncias hechas por el exconcejal de Armenia, Néstor Fabián Herrera Fernández, en cuanto a un presunto tráfico de influencias y detrimento patrimonial en el hospital San Juan de Dios, el gerente Jaime Gallego López aseguró que la contratación en la institución se ha hecho de manera transparente y legal.


“Los procesos contractuales y precontractuales son responsabilidad de los líderes de áreas y la gerencia, y cuentan con total transparencia y cumplimiento de la ley”, dijo el médico. 

Desmintió las denuncias hechas por Herrera Fernández y rechazó las acciones malintencionadas, las cuales, según él, quieren hacerle daño a la entidad y a su personal.

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“El personal que ingresa obedece a las necesidades institucionales, para lo que se tiene en cuenta requerimientos de idoneidad y experiencia como factores determinantes en el valor y tiempo asignado en cada contrato”. 

Aseguró que como directivo siempre tiene las puertas abiertas y la mayor disposición para las indagaciones que los entes de control deseen hacer con respecto a cualquier proceso que allí se ejecute. 

“Ninguna de las actuaciones ha puesto al hospital en riesgo de detrimento, como han querido hacer creer. La transparencia es una política innegociable en el interior de la IPS”.


Tráfico de influencias

Una de las denuncias hechas por el exconcejal tiene que ver con el tráfico de influencias al interior del hospital San Juan de Dios. 

Herrera Fernández, líder de la veeduría ciudadana ‘En defensa de la gente’, envió un documento a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de que las autoridades inicien las investigaciones pertinentes. 

El excorporado afirmó conocer casos concretos por parte de los miembros de la junta directiva  Óscar Colonia Gutiérrez y Roberto Acosta Garcés, quienes, al parecer, tienen familiares vinculados a la institución.

“Encontramos que la señora Martha Lorena Arango, miembro activo de la junta, fue encargada como profesional especializada en el área de apoyo diagnóstico y terapéutico, sin cumplir con los requisitos, pues, según el manual de funciones establecido en el acuerdo 020 de 2016, el cargo está limitado a un médico”, dijo el exconcejal. 
Afirmó que la junta se está beneficiando de manera personal de los cargos o contratos que suscribe el hospital.

“Observamos también la vinculación de la señora Liliana Pachón, familiar de Fernando Vivas, secretario de Salud del municipio y de Susana Mejía López, familiar de Olga Inés López Botero, directora del Departamento Administrativo de Gestión de Planeación y Calidad, entre otros, que están trabajando a pesar de que la ley no lo permite y que está mal visto desde el aspecto social”.

Con respecto a las acusaciones, el secretario de Salud de la capital quindiana explicó: “Ella es médica especialista en ginecoobstetricia y está vinculada al hospital mucho antes de mi nombramiento. No hay ningún conflicto por el grado de consanguinidad. Personalmente, confirmo que no utilizo ni he utilizado influencias en mi vida personal o profesional”.


Malos manejos administrativos 

En las denuncias entregadas a los entes de control e investigación, Herrera Fernández habló sobre malos manejos administrativos dentro de la IPS.

Aseguró que estos hallazgos se dieron tras recibir denuncias de la comunidad, por lo que se envió un derecho de petición el pasado 28 de febrero de 2017, el cual fue contestado el 14 de marzo del mismo año en un documento que permitió determinar diferentes irregularidades.

“Vemos que se contrataron dos abogados para adelantar la defensa técnica y la representación de los intereses, así como ejercer la defensa en los procesos prejudiciales de los que es parte el hospital. Sin embargo, a uno le pagan, por dos meses, $11 millones y al otro $10 millones y medio por laborar tres meses, teniendo el último más actividades que el primero”.

Según el representante de la veeduría, en los contratos se puede observar un presunto detrimento patrimonial, ya que son dos documentos con objetos y obligaciones idénticas, pero en uno de ellos se  evidencia un sobrecosto de $2 millones mensuales.

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Herrera Fernández indicó que en la respuesta emitida por la entidad se encontró que se han contratado a la fecha 11 abogados, no obstante, se tiene conocimiento de más profesionales vinculados, quienes apoyan el área jurídica sin justificación entre ellos para los valores cancelados. “A unos les paga más por ejecutar menos obligaciones y a otros menos por más tareas”. 

“Este hecho expone la falta de planeación, así como la violación flagrante al principio de economía que rige en la actuación administrativa pública, por cuanto no solo se incrementa el número de abogados para atender menos procesos contractuales que en otras vigencias, sino que se pagan mayores valores por sus servicios”. 

El excorporado indicó que, a pesar de tener 11 abogados contratados, los profesionales no hacen presencia en las audiencias que tienen que ver con el San Juan de Dios. “Se evidencia una situación preocupante y que requiere de una intervención inmediata por los entes de control, toda vez que de once audiencias reportadas, a seis  no asistieron los representantes del hospital, sin tener justificación alguna para ello, más aún cuando cuenta con personal contratado”.


Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA

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