Regional / Mayo 25 de 2013

Policía puso fotomultas en manos de la Procuraduría General de la Nación

BG. Carlos Ramiro Mena Bravo.
Situación con las fotomultas en Calarcá fue puesta en consideración del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, por el director nacional de la Policía de Tránsito y Transporte, brigadier general Carlos Ramiro Mena Bravo.

El alto oficial, en su visita al Quindío, reiteró la petición que hizo el 20 de mayo del presente año al alcalde de Calarcá, Juan Carlos Giraldo Romero, para que desmonte cuanto antes el foto-radar que tiene instalado en la vía La Uribe-Calarcá, “debido a que carece de fundamento legal”.

Mena Bravo aseguró que según la ley, la Policía de Tránsito y Transporte es la autoridad operativa legal en las vías del orden nacional, como es el caso de Chagualá, y La Uribe-Calarcá, donde fueron instalados los foto-radares.

“Las cámaras tienen que ser coordinadas con el ministerio de Transporte y con la Policía Nacional, porque nosotros somos la autoridad operacional en las carreteras nacionales. No se pueden colocar cámaras al libre albedrío y aparte de ello, la misma ley 769 de 2002, indica cómo deben ser distribuidos los recursos de los comparendos realizados y en qué se deben invertir”.

El oficial adicionó: “En Calarcá no hay ninguna coordinación con la Policía, no se están distribuyendo los recursos como corresponde, y las cámaras no se están dedicando a lo que debe ser, a la prevención y seguridad vial”, señaló el brigadier general.

De igual manera, Mena Bravo dijo que el alcalde de Calarcá tiene que resolver si las personas que han sido multadas tienen o no que pagar los comparendos, “y tendrá que ser el responsable de haber autorizado esas multas sin los protocolos necesarios y sin el cumplimiento de las leyes. No solamente hay requerimientos incumplidos en la instalación de los dispositivos, sino en los protocolos que deben existir para cumplir con el debido proceso que corresponde a cada uno de los sancionados”, recalcó.

Finalmente, el director nacional de la Policía de Tránsito señaló que se encuentra a la espera del pronunciamiento que haga el procurador general, quien establecerá si hubo o no extralimitación en las funciones del alcalde, y si se aplicarán o no sanciones disciplinarias.


Ley 769 de 2002

Capítulo 4, artículo 136
“...Los organismos de tránsito podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas. Los recursos generados por el cobro de las contravenciones podrán ser distribuidos entre el organismo de tránsito que ejecuta el recaudo, el organismo de tránsito donde se cometió la infracción y por el tercero particular o público en quien este delegue el recaudo previo descuento del diez por ciento, que se destinará específicamente por el organismo de tránsito que conoció la infracción para campañas de educación vial y peatonal. El pago de la multa podrá efectuarse en cualquier lugar del país.

Parágrafo. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa”.

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