Lunes, 19 Ago,2019
Armenia / MAY 08 2019 / hace 3 meses

Quindío, segundo departamento con mayor corrupción en autoridades electas

Autor : María Fernanda Ramírez Tejada

Santander, Quindío y Tolima lideran el más reciente informe presentado por el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia.

Quindío, segundo departamento con mayor corrupción en autoridades electas

Foto : Archivo LA CRÓNICA

Según un estudio de Transparencia por Colombia denominado ‘Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018’, Quindío y Tolima ocupan el segundo puesto de departamentos del país con mayor número de autoridades electas involucradas en hechos de corrupción, con un 9%, seguidos de Córdoba con 7% y Atlántico, 6%. El primero en la lista es Santander con 22%.

Los partidos a los que pertenecen los servidores públicos protagonistas de las investigaciones en el país son Liberal Colombiano 19%, Conservador 14%, La U 14% y Cambio Radical 13%.

El estudio, que data de la información recolectada desde 2016 hasta 2018, reveló que un caso catalogado como crítico en el Eje Cafetero fue el de los dos exalcaldes de la capital del Quindío y el de la exgobernadora del departamento

“En Armenia, los alcaldes del periodo 2012 - 2015, Luz Piedad Valencia, y 2016 - 2019, Carlos Mario Álvarez Morales; así como la gobernadora del Quindío entre 2012-2015, Sandra Paola Hurtado, se vieron involucrados en hechos de corrupción”, dice el documento, que también hace referencia a doce concejales de la ‘Ciudad Milagro’ del periodo 2016-2019, por irregularidades disciplinarias en el proceso de elección del personero municipal.

Contexto:

“La investigación disciplinaria recae sobre Rodrigo Alberto Castrillón, Diego Fernando Cardona Carmona, Jhon Fredy Cerón, Carlos Alberto Hernández, Diego Fernando Torres, Brayan Esteven Naranjo, Luis Fernando Lasprilla, Julián Andrés Acosta, Stefany Gómez, Álvaro Jiménez, Juan David Caicedo y Jhonny Leandro Vargas, luego de una queja radicada el pasado 10 de marzo de 2016, donde los concejales Javier Andrés Angulo Gutiérrez, Néstor Fabián Herrera, Hernando José Mora, Orley Ortegón, Gerson Obed Peña, Carlos Eduard Ovalle y Luis Guillermo Agudelo radicaron ante la Procuraduría lo que ellos llaman presuntas irregularidades en las que se pudo incurrir en cuanto a la elección y posesión de la personera municipal Ángela Viviana López Bermúdez”. (En contexto: Procuraduría abrió pliego de cargos contra 12 concejales de Armenia)

En ciudades capitales se destacan casos asociados a hechos que involucran autoridades electas, por ejemplo, la crisis de institucionalidad pública que atravesó Cartagena desde 2016 con casos de corrupción que tienen al exalcalde Manuel Vicente Duque —2016-2017—, a la excontralora distrital Nubia Fontalvo y a varios concejales de la ciudad del periodo 2016 - 2019 investigados.

En Bucaramanga, los casos de corrupción involucran a todos los alcaldes entre 2008 y 2018. El burgomaestre Fernando Vargas Mendoza —2008 - 2011— fue inhabilitado por 11 años en 2017, por la alteración de un contrato de construcción de un parque en la ciudad. El mandatario Luis Francisco Bohórquez —2012 – 2015— fue enviado a la cárcel en 2017 por vínculos de la contratación de la alcaldía con empresas creadas por familiares suyos, que pertenecían a una iglesia cristiana conocida como Manantial de amor. Por último, el alcalde Rodolfo Hernández Suárez —2016 – 2109— enfrenta investigaciones disciplinarias al revelarse acuerdos en donde su hijo recibía remuneración económica de recursos de la administración.
 

 

Los delitos

Los delitos más recurrentes, según el documento publicado el martes, fueron peculado 18%, celebración indebida de contratos 13%, falsedad en documento público 12% y concierto para delinquir 11%, algunos de estos cargos le fueron imputados a la exalcaldesa de Armenia, Valencia Franco; a su esposo Francisco Javier Valencia Salazar y a cinco exfuncionarios más que laboraron en el periodo 2012 – 2015 en la administración local y que fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación por el desfalco de los recursos de valorización.

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Los implicados en este proceso son: Ricardo Arturo Ramírez Londoño, exdirector del Departamento Administrativo Jurídico; Juan Sebastián Londoño Forero, exsubdirector del Departamento Administrativo Jurídico; Sebastián Congote Posada, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua; Aura María Zapata Saldarriaga, funcionaria de la Edua para el momento de los hechos, y Julio César Escobar Posada, exsecretario de Infraestructura. 

“De 887 actores involucrados en los hechos de corrupción reportados entre 2016 y 2018, que entraron en un proceso judicial, el 71% fueron investigaciones de tipo penal, el 21% de tipo disciplinario y el 8% de carácter fiscal. Esto revela que la mayoría de los hechos son asociados a la comisión de un delito, bien sean en contra de la administración pública, que afectan el certamen democrático y/o que son catalogados como un delito electoral”, dice el estudio.

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De los procesos penales, el 48% llegó hasta la captura del actor, según los reportes de prensa. De los procesos disciplinarios, el 44% llegó al fallo de sanción disciplinaria. De los procesos fiscales, el 32% llegó a etapa de investigación.

De las 920 investigaciones y procesos judiciales adelantados con base en fuentes de prensa, solo el 23% llegó a una condena, sanción o multa impuesta a los actores por los hechos cometidos

Esta sección presenta, por un lado, el tipo de investigación de los actores involucrados, y por otro, las sanciones establecidas, lo cual permite visibilizar cuántos de los procesos de investigación culminaron en una sanción efectiva.
 

 

De cara a las elecciones regionales 2019 

Sandra Martínez, líder de Transparencia por Colombia, habló de lo que serán las próximas elecciones y del fenómeno de corrupción que vive el país. 

“El fenómeno de la corrupción en Colombia debe ser tratado como un problema estructural y sistémico, que desgasta la legitimidad de las instituciones, al tiempo que limita la acción de las autoridades. En esta investigación, el Monitor Ciudadano pudo identificar que de los 1.101 alcaldes, 12.061 concejales y 32 gobernadores electos para el periodo 2016-2019, el 52,4% estuvo investigado, sancionado y/o inhabilitado por hechos de corrupción”, dijo.

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Los hallazgos como los partidos más involucrados en corrupción y los departamentos con más casos de este fenómeno, que es donde se encuentra el Quindío, “reiteran la necesidad de dar a conocer una serie de alertas que ha identificado Transparencia por Colombia, de cara a la contienda electoral local, que se desarrollará en octubre de 2019. Como primera medida, es menester tener en cuenta quiénes son los apoyos o los gobiernos de sombra que tienen los posibles candidatos, toda vez que como se evidenció en los casos anteriores, una mala decisión no solo afecta el sistema electoral, sino la calidad de vida y el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos”.

En esta misma línea, la líder reiteró el llamado a una reforma política en la que se establezcan procedimientos para que las campañas accedan a los recursos estatales oportunamente, asegurando criterios de equidad en la distribución y procesos claros de solicitud, aprobación y entrega de los anticipos, para determinar el costo real de las campañas . 


 

Las cifras 

De acuerdo con el estudio, el 69% de los actores individuales involucrados en los hechos de corrupción registrados por la prensa son servidores públicos: 39% adscritos temporalmente o a largo plazo a entidades públicas y 30% autoridades de elección popular. En cuanto a actores colectivos involucrados en hechos de corrupción, el sector privado es el mayor protagonista, siendo las empresas —70,4%— las que ocupan el primer lugar, seguidas de instituciones prestadoras de salud —15,9%—, consorcios —9,1%— y uniones temporales —2,3%—.

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El 59% de los hechos de corrupción identificados en el Monitor Ciudadano afectó derechos económicos, sociales y culturales. Le sigue un 39% que afectó derechos civiles y políticos. Un 2% de los hechos de corrupción afectó derechos colectivos y del medio ambiente. Los derechos económicos, sociales y culturales se asocian con el acceso a la educación, la salud, a la vivienda digna, al agua potable, servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura, principalmente. De todos ellos, los más afectados fueron los derechos a la educación —28%— y a la salud —23%—. En cuanto a los derechos fundamentales, civiles y políticos, el 39% de los casos identificados afectó el derecho a la vida, a la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, de culto, de acceso a la propiedad privada, de asociación y movilización, de acceso a la justicia y de derechos de participación en la vida civil y política del Estado. Por último, el 2% corresponde a las afectaciones de los derechos colectivos y del medio ambiente, y el uso adecuado de los recursos naturales. Visto desde esa perspectiva, resulta preocupante el impacto cada vez mayor que tiene la corrupción en el goce efectivo de derechos humanos fundamentales y los datos obtenidos en el presente informe así lo demuestran: servicios de salud que dejan de prestarse, escuelas públicas que no terminan de construirse, proyectos de vivienda que terminan beneficiando a terceros y particulares, escenarios deportivos que culminan en ‘elefantes blancos’, son el reflejo y símbolo evidente de la corrupción y el grado de afectación que la misma genera en la sociedad”.

 

María Fernanda Ramírez Tejada
LA CRÓNICA


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