Miércoles, 18 Sep,2019
Economía / SEP 10 2019 / hace 1 semana

“Reforma de control fiscal no tendrá efectos invasivos sobre la administración pública”: contralor general de la República

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrate, se pronunció sobre los señalamientos que se han hecho al proyecto de acto administrativo que hoy cursa en el Congreso. 

“Reforma de control fiscal no tendrá efectos invasivos sobre la administración pública”: contralor general de la República

El proyecto fue aprobado en séptimo debate el pasado 2 de septiembre en Senado.

La Contraloría General de la República, CGR, propone un nuevo modelo de control fiscal que es concomitante y preventivo, el cual ya surtió el séptimo debate en comisión del Senado donde fue aprobado. Representantes de diferentes gremios han realizado críticas a la propuesta, por lo que desde el ente de control se pronunció y afirmó que este proceso no tendrá efectos invasivos sobre la administración pública. 

Destaca la opinión del economista Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, quien señala que el proyecto de acto administrativo es para “expandir burocráticamente y asegurarle más recursos a una CGR que ha estado lejos de obtener los resultados deseados en materia de eficacia estatal”. 

“Dicho control fiscal debería migrar hacia la conformación de equipos ágiles interdisciplinarios que se contratan para tareas específicas —tal como lo hacen las firmas privadas de consultoría a nivel global—. Así, en un par de semanas se tiene un completo reporte sobre lo fiscalizado, el cual se entrega a la CGR y esta tomará las acciones disciplinarias del caso —obviándose la necesidad de duplicar tareas con la Procuraduría, la cual debería extinguirse—”, propone Clavijo.

Asimismo, señala que con de esta manera “las burocracias de la CGR y de la Procuraduría —aboliéndose esta última— se podrían reducir a la mitad —a unos 4.000 empleados vs. los 8.000 que hoy suman ambas instituciones—”.

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El pronunciamiento del contralor

El contralor general Carlos Felipe Córdoba Larrate indicó a LA CRÓNICA que “a todos nos une el objetivo de luchar contra la corrupción con herramientas efectivas y oportunas que prevengan el daño y castiguen al infractor en forma ejemplarizante”. 

Explicó que la intención de esta nueva manera de hacer control que proponen es concomitante y preventivo, donde, aclaró, no se busca una coadministración. “El preventivo que propongo no será obligatorio. No tendrá efectos invasivos sobre la administración pública. Será un mecanismo que nos servirá para evitar varios de los descalabros administrativos que hoy están convertidos en pan de cada día”. 

Dijo que la idea es que las dependencias administrativas sean enteradas oportunamente de las observaciones de la Contraloría, cuando haya lugar a ellas y sin presiones de carácter fiscal o contractual. 

“Es fundamental tener en cuenta que la Contraloría dispondrá —y ya está desarrollando— de elementos de tecnología de punta y control ciudadano que le dará respaldo cierto y verificable a la función preventiva”.

Córdoba Larrate aclaró que los recursos presupuestales adicionales —más del 0,5%— que busca el ente corresponden estrictamente a sus necesidades técnicas y operativas. “El ejercicio de control fiscal integral requiere de expertos en distintas disciplinas con los que hoy no contamos. El 96% de la nómina de la Contraloría está compuesta por servidores de carrera y los nuevos servidores no llegarán con una recomendación política debajo del brazo sino que adquirirán el derecho gracias a sus probados méritos”. 

Otro de los puntos controvertidos es el del detrimento patrimonial, pues difundiría incertidumbre, temor e inseguridad jurídica. El contralor señaló que el nuevo modelo fortalecerá su carácter objetivo y que el seguimiento en tiempo real a la ejecución del recurso hará con el tiempo que las decisiones al respecto se conviertan en la excepción y no en la regla. 

“No buscamos ni ponernos a salvo de control o eludirlos ni acumular mayor poder que aquel que nos confiere la Constitución para cumplir a cabalidad con nuestra misión. Estoy seguro que con las actuales herramientas legislativas y operativas vemos frustrado nuestro propósito de cumplir ese objetivo”. 

El jefe del ente de control precisó que la reforma al control fiscal servirá para hacer un seguimiento y valoración integral a los procesos “este modelo no será regido por cánones rígidos, sino objetivos y garantistas”. 

Agregó: “Se ha dicho que la atribución de responsabilidad fiscal a agentes privados que actúen como gestores fiscales ahuyenta la inversión extranjera. Lo que en realidad ahuyenta son fenómenos como la exigencia de sobornos que de ninguna manera permitiremos que siga enquistada en amplios sectores de la administración pública”. 

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Lo que propone el nuevo modelo

El nuevo modelo de control fiscal, según informó la Contraloría, es concomitante, es decir, que actuará en conjunto con otros sistemas de control en tiempo real. “Hoy las contralorías solo intervienen para controlar la gestión de los recursos después de su ejecución, sin existir una real capacidad preventiva, por eso, proponemos modificar el artículo 267 de la Constitución Política”. 

Para lograr el objetivo, el ente de control plantea valerse del big data para promover la transparencia a través de datos abiertos, bases de datos de registro y control de contratación pública. También, unificar las competencias de las 65 contralorías existentes, además de las generales, las departamentales, distritales y municipales y una auditoría general de la República encargada de vigilarlas a todas. 

“Se fortalecerá el proceso de cobro coactivo, ya que cuando existe fallo con responsabilidad fiscal se puede controvertir sin alcanzar de inmediato el carácter cosa juzgada, lo que lleva a que se presenten dilataciones y riesgos que por el patrimonio y los recursos de todos no sean resarcidos, procesos que pueden tardar hasta 12 años”. 


Redacción
LA CRÓNICA


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