Domingo, 23 Sep,2018

Región / AGO 30 2018 / Hace 23 Dias

Se admitió demanda, pero aumento de tarifas de EPQ no se suspende

Juan Antonio Osorio, secretario de Aguas e Infraestructura del Quindío, dijo que  la acción popular interpuesta en contra de EPQ tendrá un proceso jurídico para determinar su viabilidad. 

Se admitió demanda, pero aumento de tarifas de EPQ no se suspende

En la asamblea departamental del Quindío, funcionarios de EPQ, Defensoría del Pueblo, PDA, alcaldes y comunidad explicaron el problema.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia admitió la acción popular interpuesta en contra de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, que busca que se suspenda la resolución 015 del 27 de diciembre de 2017, por medio de la cual se aumentó la tarifa de los servicios públicos, sin embargo, que se haya aceptado no implica la suspensión de la misma, así lo manifestó Juan Antonio Osorio Álvarez, secretario de Aguas e Infraestructura del departamento.

El funcionario manifestó que la comunidad debe tener claridad que con la medida se empieza un proceso jurídico, en el que se entrará a evaluar la viabilidad de la solicitud.

“Al interior de la junta directiva de EPQ hemos concluido que definitivamente se necesita una decisión judicial para anular la resolución, toda vez que se hace en cumplimiento de una norma nacional. Es importante saber que no es de nuestra competencia interrumpir lo emitido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, a menos que sea por medio de una sentencia, que es superior a nuestras competencias”.

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Jhon Édgar Pérez, asesor de gerencia de EPQ, manifestó que a pesar de que medios de comunicación locales afirmaron que al admitir la demanda se suspendió la resolución, en ninguna parte del documento expedido por el juzgado se ordena dicha nulidad.

“Desde la empresa, en conjunto con  la Defensoría del Pueblo, hemos revisado la decisión y se decidió oficiar al juzgado para pedirle se pronuncie sobre la medida”.

El asesor indicó que la no aplicación del modelo tarifario puede generar sanciones, en donde la empresa podría estar pagando hasta 100 mil Salarios Mínimos  Mensuales Legales Vigentes, Smmlv.

Agregó: “La institución está afrontando un pliego de cargos formulados por la Superintendencia de Servicios Públicos, por no aplicar la medida desde 2016, por lo que estamos entablando la defensa para explicar el por qué no se hizo en esa época”.

Precisó que una de las razones por las cuales no se implementó el incremento paulatino en los recibos fue porque hubo inconvenientes al interior de la junta directiva de la entidad.

“La junta se demoró año y medio en aprobar para dar cumplimiento a la orden. Hay que preguntarles por qué no permitió la periodicidad en el modelo tarifario”.

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“La solución es que todos pongan recursos” 

Este jueves se llevó a cabo en las instalaciones de la asamblea departamental una sesión de control político sobre el aumento tarifario de EPQ en cuatro municipios del Quindío, Piedad Correal Rubiano, defensora del Pueblo, aseguró que la solución para disminuir el alza de la tarifa en los recibos  está en manos de los alcaldes de Quimbaya, Montenegro, Circasia y La Tebaida, así como del Plan Departamental de Aguas, PDA, y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ.

“Cada uno deberá poner los recursos para poder ejecutar las obras que están en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Psmv. Hay que buscar fuentes de financiación, porque no es posible buscar el presupuesto por medio de las facturas que paga la comunidad. Lo que estamos haciendo es que todos pongan, ya que todos tienen recursos”, dijo Correal Rubiano.  

Precisó que durante las mesas de trabajo, que se están llevando a cabo en cada municipalidad y que tendrán cierre el lunes 3 de septiembre en Montenegro, se espera poder tener la cifra de lo que se va a recaudar. 

“Los entes se están comprometiendo con los recursos, el alcalde de Quimbaya con $3 mil millones, PDA con $750 millones y CRQ con $8 mil millones. Para que los dineros sean ejecutados se deben presentar proyectos y deben ser aprobados. Estamos concertando y realizando un acta, donde el presupuesto se va a descontar de lo que se estaba recaudando vía tarifa”.

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La funcionaria precisó que la buena noticia para la comunidad es que por medio del PDA se van a presentar los proyectos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, de todos los municipios y se disminuirá la tarifa a los usuarios. 

“Esperamos que la CRQ apruebe una modificación a los planes de descontaminación de los municipios sin exigir el certificado de disponibilidad presupuestal, sino con las cartas de intención de todos los proyectos, con esto podemos inmediatamente bajar las tarifas y, en caso de no ser posible, se debe hacer una orden judicial. Pero estoy segura de que se va a firmar”. 

Explicó que los compromisos serán enviados a la Procuraduría General de la Nación, PGN, y si los mandatarios municipales o el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, no cumplen con los acuerdos será causal disciplinaria, porque afectan a la comunidad al no generar dichas iniciativas.

Osorio Buriticá señaló que no descarta la liquidación de EPQ, así como ninguna otra solución. 

“Hemos buscado en todos lados soluciones. Esto no se hace a brochazos ni emocionalmente, es algo que se debe hacer de acuerdo con la ley y la Constitución. Tampoco puede pensarse, ni decirse, que es una pelea política, aquí se está buscando defender y que se cumpla la ley”.

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Recursos necesitados por municipios

De acuerdo con la defensora del Pueblo, las obras de infraestructura, acueducto y alcantarillado y lo que se debe invertir en los 4 municipios, porque hace parte del Psmv aprobado por la CRQ, llega a los $104 mil millones. En Circasia, las obras están avaluadas en más de $18 mil millones, Quimbaya, $27 mil millones; La Tebaida supera los $20 mil millones y en Montenegro cuestan un poco más de $38 mil millones.
 

“Se realizaron contratos que no representan beneficio”


Voceros de las comunidades advirtieron  que se realizarán  movilizaciones pacíficas de no ser escuchados por las vías jurídicas.


César Alonso Arias, abogado de usuarios EPQ, precisó que se deben revocar de forma directa los acuerdos en donde se permite el alza tarifaría y que en caso de no hacerse, buscarán defender los intereses y derechos de la ciudadanía.

“En las comunidades hemos venido convocando un paro cívico. Si no se nos atiende en la vía legal, hay que movilizarnos de forma pacífica para detener todas las acciones públicas y privadas en un territorio”.

Afirmó que la CRA no determinó las tarifas del acueducto y alcantarillado, sino que  simplemente planteó el ajuste para adoptar el carácter tarifario y que la empresa de servicios públicos celebró unos contratos que no representan ningún beneficio para la comunidad.

“Hay un contrato elaborado por unas cartillas que le costaron a la empresa $480 millones, ¿hay algún libro que cueste semejante cantidad de dinero?; segundo, se realizó una fiesta por $64 millones, también se contrató una conferencista que costó $46 millones, pero para los usuarios dicha charla no registró ningún beneficio. Además, EPQ pasó de tener una nómina de $400 millones a superar mil millones de pesos, en una etapa electoral”.

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El gerente de EPQ, James Padilla, indicó que no tiene conocimiento de lo expuesto por el abogado y pidió ser demostrado lo dicho por el representante. Precisó que está dispuesto a todo tipo de investigaciones que puedan surgir como persona natural así como en la empresa.

“Todos los entes de control estuvieron dispuestos a hacer investigaciones, es así que la Contraloría hizo una auditoria en la institución y cualquier inquietud que tenga la comunidad, estamos dispuestos a resolverla”.

El gerente pidió a la Defensoría del Pueblo y a la junta de la institución que presenten la necesidad de una reestructuración de la empresa. 

“Mandamos un oficio a la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, donde como gerente pedí saber cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer un ajuste, si es que el estudio de las cargas laborales amerita una disminución del personal, si eso pasa, inmediatamente convocaremos a la junta para mirar dónde esas cargas se pueden quitar. Ojalá despejemos la inconformidad que ha tenido la comunidad”. 


Brianna Márquez
LA CRÓNICA


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