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Región / OCT 20 2017 / Hace 5 Meses

“Si nos toca, asumimos el costo de la consulta popular”

La alcaldía de Córdoba está dispuesta a asumir los gastos de la consulta popular en contra de la megaminería que está programada para el próximo 3 de diciembre, así lo aseguró su alcalde Guillermo Andrés Valencia Henao.

“Si nos toca, asumimos el costo de la consulta popular”

Pijao fue el primer municipio en realizar la consulta popular en contra de la megaminería.


Su pronunciamiento lo dio tras conocer las declaraciones del presidente, Juan Manuel Santos, sobre la no financiación de los mecanismos de participación ciudadana. 

“Para nosotros es muy importante llevar a cabo la consulta popular en contra de la megaminería, porque es la decisión de la ciudadanía sobre su territorio. Córdoba es un municipio de sexta categoría que no cuenta con muchos recursos, pero estoy dispuesto a dejar de ejecutar algún proyecto por sacar adelante la iniciativa”, dijo el mandatario.

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Indicó que a raíz de las declaraciones se ha puesto en la tarea de indagar sobre el posible costo del procedimiento, el cual, según él, está entre los $10 o $20 millones. 

Valencia Henao explicó que hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación por parte de la Registraduría que indique que tendrá que asumir el gasto.
 

“Hasta ahora, todo va a correr por cuenta de la Registraduría, ya que no tenemos ninguna información de que sea de otra manera”.


Otros municipios 

En Quindío varios municipios iniciaron proceso para consulta popular contra la megaminería, entre ellos Calarcá y Salento.

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La alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, indicó que en la localidad se está realizando un proceso de socialización y sensibilización. 

“Nosotros estamos en un proceso de sensibilización con la comunidad para después realizar la consulta popular. Esto es un mecanismo de participación ciudadana constitucional, el cual debe ser asumido por el gobierno nacional. No se puede negar a los ciudadanos que lleven a cabo los procesos”. 

Juan Miguel Galvis Bedoya, alcalde de Salento, afirmó que para las próximas sesiones del concejo municipal, se presentará la pregunta para la consulta. Además, dijo que está dispuesto a usar los recursos del municipio para llevar a cabo la actividad. 

“La pregunta para la consulta se va a presentar en las próximas sesiones del concejo. Si yo quiero que se lleve a cabo y el gobierno nacional dice que no, pues me tocará como alcalde disponer de los recursos del municipio. No voy a dejar que a mi localidad la toquen con megaminería”.

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“Sí, el municipio debe financiar”

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que los municipios y entes territoriales deben asumir los gastos de las consultas populares. Las declaraciones se dieron luego de que la Registraduría Nacional solicitara una adición de presupuesto para desarrollar compromisos democráticos. 

“Si el municipio promueve o aprueba la consulta debe también financiarla. Lo que no puede hacer el Estado es cubrir consultas sobre las que no tiene capacidad de decisión. Las minorías no pueden tener poder de voto para obligar a la mayoría a prohibir una actividad que beneficia al país”, dijo el funcionario a un medio de comunicación nacional. 

Cárdenas agregó: “Si al registrador se le acabó el presupuesto vamos a ver para qué es lo que le falta, pero cada entidad tiene un presupuesto asignado y le debe servir para lo largo del año”.


“No hay recursos”

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, indicó que no hay recursos. 

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“No tenemos dinero para adelantar las consultas y las revocatorias de mandato por el resto del año, que más o menos ascienden a $2.300 millones. La semana pasada el ministerio de Hacienda nos envió una carta diciendo que no le correspondía a la Nación financiar esos procedimientos, sino a cada una de las entidades territoriales, razón por la cual tuvimos que enviarle unas cartas al alcalde de Granada y al gobernador de Boyacá, donde se iban a realizar el fin de semana una consulta popular y una revocatoria de mandato, respectivamente, informándoles que no contamos con los recursos”. 

Agregó: “Nosotros consideramos que es un gasto que le corresponde a la Nación, porque se trata de procesos electorales. El Estado debe suministrar el dinero a la Registraduría para que nosotros podamos adelantar las acciones”.


MOE se pronunció

Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional del Movimiento de Observación Electoral, MOE, aseguró que las autoridades electorales debieron planear mejor los recursos asignados.

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“El llamado de atención es claramente para las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, que tenían que venir trabajando todo el año en  el manejo presupuestal y las proyecciones de los costos que van a implicar las revocatorias de mandato, las consultas populares y las elecciones atípicas. No es serio que, tres días antes de la realización de una revocatoria y de una consulta, estemos diciendo que no hay recursos. El ministerio entregó $700 millones para avanzar en los procesos, con una buena planeación de la autoridad electoral podríamos haber visto un manejo de recursos”. 


48 títulos mineros en el Quindío

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, Carlos Alberto Soto Rave, señaló que el territorio cuenta con alrededor de 48 títulos mineros otorgados. Se encuentran en los municipios de la cordillera y en la zona plana como  La Tebaida, Armenia y Calarcá.  

“La gran preocupación que asiste  a esos títulos es que quien sea propietario de uno de ellos solo necesitaría una licencia ambiental que la otorga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y que permitiría que inmediatamente se empiece a hacer la explotación a gran escala y ese es un riesgo que hoy corremos en el departamento. Por eso valoramos y acompañamos las iniciativas de consulta en contra de esa megaminería como la que ya tuvimos en Pijao y estamos acompañando en el municipio de Córdoba y que seguramente apoyaremos en Calarcá desde la administración departamental, para decirle ‘No’ a la minería”. 


Gobernaciones asumirían revocatorias de mandato 

El registrador nacional también informó que no hay recursos para llevar a cabo las revocatorias de mandato, por lo cual serían las gobernaciones las que deberían asumir el gasto. 

Teniendo en cuenta que en el Quindío se adelanta un proceso en contra del gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el mandatario aseguró que está dispuesto a colaborar en lo posible.

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“Es una dificultad para los gobernantes, porque son cosas que no están en el plan de desarrollo. Vamos a esperar el pronunciamiento del ministro a ver si hay alguna transferencia para que los departamentos y los municipios puedan adelantar la consulta popular o la revocatoria. Estaremos pendientes para ver de dónde salen los recursos y prestos para colaborar en lo que sea posible”, afirmó Osorio Buriticá.


Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA


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