Jueves, 18 Oct,2018

Región / JUL 29 2017 / Hace 1 Año

“Sin compromisos quedó el cabildo abierto de EPQ”

El procurador Delegado para la Contratación Estatal, Camilo Orrego, llamó la atención de los participantes del cabildo abierto de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, cuya segunda parte se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la asamblea, sobre los mecanismos de participación ciudadana y su finalidad. 

 

“Sin compromisos quedó  	el cabildo abierto de EPQ”

Camilo Orrego, procurador delegado para la contratación estatal.

“Este espacio no es un debate de control político. Los ciudadanos citaron a la administración departamental y a un ente descentralizado de servicios públicos para que resolvieran unas inquietudes, entregando obligatoriamente unas respuestas, más allá de las diferencias políticas. Encontramos una tensión entre todos los participantes, pero al ministerio público no le corresponde entrar en debates políticos. Nos llamó la atención que la ley permite que los citados asuman compromisos frente a la comunidad, situación que no se dio”, precisó el funcionario.

Orrego agregó: “Esta será una de las tareas de control preventivo, entrar a revisar dónde podemos ayudar a la comunidad para que, dentro del respeto por la legalidad y por el patrimonio público, se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos y pueda encontrarse la mejor decisión para desatorar este tema”.

Indicó que, igual que en la primera sesión, el ente de control solicitó todo el material del desarrollo de la actividad, al incluir las denuncias que se interpusieron contra funcionarios nacionales, departamentales y municipales”. 

“Una vez finalizó el cabildo de hace 8 días, la Procuraduría comenzó a trabajar en una acción preventiva en la que se recogió un listado de todos los puntos en los que los ciudadanos, convocantes y promotores generaron inquietudes. Tomamos atenta nota de todas las denuncias disciplinarias que se recogieron y empezamos a hacer un cruce, para saber en cuáles conductas y hechos ya teníamos indagaciones preliminares y daremos apertura a aquellas nuevas”. 

Anunció que la Procuraduría General de la Nación, PGN, emitió una resolución para la conformación de la comisión especial para el ejercicio de las funciones preventivas sobre EPQ. 

“Se designó como coordinador de la comisión a la procuradora del Quindío, Carolina Gallego Martínez. Además, hará parte Efraín Alberto Becerra Gómez, en calidad de funcionario de la Procuraduría delegada para la descentralización de entidades territoriales. La comisión podrá abordar todos aquellos aspectos relaciones con los hechos expuestos en el cabildo y podrá vincular a otros funcionarios de la entidad, a fin de impulsar las actuaciones correspondientes”. 

“Los $37 mil millones 

no estaban perdidos”

John Édgar Pérez, asesor de gerencia de EPQ, aseguró que algunos de los temas expuestos por la gobernación el viernes pasado ya se habían resuelto en las asambleas. 

“Muchos de los temas que ya fueron debatidos y que la gobernación ya había recibido como aclarados fueron expuestos por ellos como faltas gravísimas. Con respecto a los $37 mil millones de los estados financieros que denunciaron en la audiencia pasada, eso se habló y se aprobó por parte de la asamblea general, que incluye a los representantes de la administración departamental. Los $5.000 millones de anticipos también fueron hablados en la asamblea de diciembre de 2016, que además fue uno de los temas que generó polémica para no aprobar los estados, el mismo que quedó aclarado en abril e igualmente autorizados”. 

Pérez enfatizó su percepción de persecución política por parte de la gobernación y sus funcionarios. 

“Este cabildo tiene una serie de acciones que provienen del gobernador y sus delegados y que van encaminadas, de manera sistemática, a ser una campaña de desprestigio contra la empresa y generar un boicot al interior de la misma. Ellos han querido de manera irregular modificar la junta directiva y los estatutos”. 

Agregó: “Atentaron contra la dignidad de los funcionarios al publicarlos en un cartel, donde decía que hay una puerta giratoria y se habla de los empleados pasando de una empresa a otra. Yo voy a denunciar a Juan Antonio Osorio por mentiroso y calumniador. Dijo que la empresa tiene problemas de gobernanza y gobernabilidad y eso no es verdad, la empresa viene funcionando cabalmente y los que han generado ese problema son los miembros de la gobernación”. 

Finalmente se refirió al anuncio del gobernador de nombrar junta directiva por decreto: “Estamos esperando que salga el decreto para tomar acciones. Yo le he venido diciendo claramente que tenemos un auto de la Superintendencia de Sociedades, que es una decisión de fondo y no un concepto, que dice cómo debe ser la elección de la junta directiva”. 

“Exijo a los entes de control que actúen”

El secretario de Infraestructura departamental, Juan Antonio Osorio, dijo que, a pesar de las denuncias interpuestas, los entes de control no adelantan ningún proceso.

“Les exijo a los entes de control que actúen. Aquí no se pretende privatizar, pero llevar a la empresa a la quiebra obliga a una intervención de la superintendencia y eso implicaría que pusieran la empresa a la venta, eso es lo que hay que evitar, por eso exijo que actúen hoy, que si hay que sancionar que lo hagan”. 

Afirmó que desde principios del año pasado se interpuso una denuncia contra los directivos de EPQ por no contestar 70 oficios. 

“Fueron 70 solicitudes de la administración, de los cuales 40, que hacen alusión a los convenios suscritos con la anterior gobernación, no fueron contestados. De los otros 30, 17 contestaban otra cosa diferente a lo preguntado y los restantes estaban a medias. Ellos no hacen seguimientos y no presentan informes, eso hace imposible administrar una empresa”.  

Explicó que la entidad sí tiene presupuesto. “Cuando no se aprueba un presupuesto, se asume el del año inmediatamente anterior. En este momento, la empresa tiene presupuesto. La junta no va a cometer el error de permitir que no se hagan los ajustes al presupuesto de la vigencia anterior y el incumplimiento de las obligaciones. No hay disculpa, ellos tienen presupuesto”. 

“Los entes de control no hacen su trabajo”

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, aseguró que la falta de acciones de los entes de control han ocasionado la polarización en la que se encuentra el departamento. 

“Nos hemos acusado unos a otros, nos hemos denunciado y estamos en el derecho de hacerlo. Estamos pasando la raya y es, en parte, por las entidades de control que no hacen prestamente su trabajo y, en situaciones, aceleran las investigaciones y en otras las ponen a dormir. Si tuviéramos una administración de justicia más acelerada, no daríamos tiempo de que las tensiones se conviertan en problemas. La polarización nos impide ver en los otros algo de verdad. La intolerancia nos está carcomiendo, hace que pasemos de las discusiones profesionales a las personales”. 

Aseguró que el cabildo es la oportunidad para que la sociedad civil retome el control que tiene sobre las entidades que le pertenecen y sobre los gobernantes que eligió. 

“Yo no cité ni promoví el cabildo, yo fui citado por la asamblea a comparecer como todos los que estamos acá. Reclamo como gobernador el derecho que me gané en las urnas de dirigir de una manera el departamento. Las actuaciones que debemos tener deben estar de acuerdo con lo que ganó en las urnas y todavía hay dependencias donde no he podido proponer una forma de pensamiento. Por eso voy a expedir el decreto para nombrar a la junta de EPQ, documento que no se va a publicar hasta que se solucione lo que pedimos a la Superintendencia de Industria y Comercio. La ley debe decir quién tiene la razón”.

“Me han acosado durante 18 meses”

James Padilla García, gerente de EPQ, aseguró que ha sido víctima de acoso desde que se encuentra en el puesto. 

“Ya no existen garantías en este cabildo para referirnos únicamente a lo técnico y lo financiero, sino que veo que fui sujeto de unos señalamientos que me parecen irresponsables y temerarios. Es un hecho notorio el tema de acoso que he vivido durante los últimos 18 meses por parte de la administración departamental. Me están diciendo que yo soy un delincuente, porque solo los delincuentes amenazan. Esto ya no se trata de un tema jurídico, ni nada en beneficio de una empresa pública, como lo han querido disfrazar”. 

Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA


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