Lunes, 12 Nov,2018

General / NOV 13 2016 / Hace 1 Año

Toma del palacio de justicia, historia de una muerte anunciada

Hace 31 años, en el mes de noviembre, Colombia fue víctima de dos sucesos que ahogaron en el dolor a miles de familias.

Toma del palacio de justicia,  historia de una muerte anunciada

En un recinto donde deben imperar la razón, el respeto, la justicia, primó la fuerza bruta. Muchas heridas que dejó el holocausto aún no sanan y todavía hay muchas preguntas por responder.

 El primer acontecimiento se inicio el día 6 y a la semana siguiente la naturaleza castigaba a todo un pueblo. Fueron dos historias en las que, como el libro de Gabriel García Márquez, la muerte se anunciaba y pudieron evitarse las catástrofes.

¿Por qué fue negligente el gobierno frente a los avisos previos de la posibilidad de la toma del palacio de justicia? ¿Por qué no se escucharon las voces que advertían del potencial peligro que amenazaba a Armero? En esta ocasión solo me referiré al ambiente que rodeaba al epicentro de la rama judicial, semanas previas al holocausto, y lo acontecido durante y después de la toma. 


El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla del M19 invadió el centro del máximo poder jurisdiccional en Colombia. Esa zona de Bogotá ha vivido, a lo largo de nuestra historia, acontecimientos que todos los años simplemente se recuerdan: el enfrentamiento de criollos y españoles por un florero en la casa que hoy es Museo de la Independencia, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la toma del Palacio de Justicia. 


Los tres hechos estaban rodeados del ambiente que propugnaba por un cambio de la forma de gobernar. Y 175 años después la casa del Florero de Llorente tomó protagonismo, pero para que los militares aplicaran su ‘justicia’ y cometieran crímenes de Estado. 

Se sabía que se iban a tomar el palacio
Semanas previas al asalto del ente rector de la justicia era conocido por parte de las fuerzas militares y los organismos de seguridad del Estado, de la probabilidad de una toma del palacio de justicia, y hasta se sabía de la fecha aproximada. 


También, desde meses atrás, magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibían amenazas por sus posiciones frente al tratado de extradición con EE.UU. Además, los consejeros de Estado recibían amenazas por las decisiones tomadas en relación con violaciones de los derechos humanos.  


Hasta la gente en las calles de Bogotá rumoraban que se iba a hacer esa toma. ¿Y si la cúpula del poder sabía de esa amenaza por qué no hizo nada para evitarlo? Al contrario, se bajó la guardia, y ese 6 de noviembre de 1985 el palacio de justicia tenía poca vigilancia privada, y en días anteriores se había retirado la protección oficial.


¿Acaso fue el atentado al general Rafael Samudio, el 23 de octubre, reivindicado por el M19 y el asalto contra el batallón Cisneros de Armenia - que dejó decenas de muertos y heridos de militares- días antes del holocausto del palacio de justicia, lo que contribuyó para que el Ejército le montara una celada al M19 sin importar la vida de civiles inocentes e importantes magistrados?


También la amnistía del gobierno de Belisario Betancur generó malestar en la cúpula del Ejército. El presidente manejó en su candidatura el “sí se puede”, ganando las elecciones en 1982, e inició su mandato tendiendo las manos de la paz, acto que aceptó la dirigencia del M19. La primera medida del gobierno fue una ley de amnistía que permitió la libertad de más de mil presos de ese grupo armado. 

Ministro de Guerra y presidente enfrentados
Ese acto de paz no le gustó a Fernando Landazábal, ministro de Guerra, quien declaró: “Cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene transformando sus derrotas en victoria de gran resonancia”. Sin embargo, el presidente continúo su política de diálogos y en agosto de 1984 se pactó un cese al fuego sin entrega de armas. 


Pero Landazábal volvió e expresar su malestar: “No se oyó a los generales, no se les quiso oír jamás, y en cambio se pactó una tregua con los rebeldes, que no será más que un instrumento de presión fabricado por la subversión de tipo internacional”. El ambiente entre la Casa de Nariño y los batallones se fue contaminado.
El ministro de Guerra llegó a decir que el país debe acostumbrarse a oír a sus generales y el presidente le respondió: “Los militares deben acostumbrarse a las amnistías”. Así que esa paz del M19 con el gobierno estuvo afectada desde el ministerio de Guerra. Y, como en los acuerdos de La Habana, se llegó a decir que el país se estaba entregando a la subversión.


Si las relaciones entre el brazo armado del gobierno y el presidente no eran tan amables, la amistad con el poder judicial sí que estaba turbia. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia había criticado la utilización de las figuras del estado de sitio y de la justicia penal militar como recurso para resolver los problemas sociales y políticos. 


Al respectó manifestó: “Hemos dicho ya que dentro de la concepción político-militar de la teoría de la seguridad nacional se les han entregado en nuestros países a las fuerzas armadas el control del orden público interno y la tarea de combatir militarmente a los grupos rebeldes o sediciosos”.

Militares vinculados con el MAS
Además del malestar del Ejército con la justicia, el procurador terció en esas relaciones y Carlos Jiménez Gómez denunció el vínculo de 59 militares activos con la organización paramilitar Muerte a Secuestradores –MAS-. Así que es antigua esa relación de miembros del Ejército y fuerzas oscuras.
Son entonces muchos los factores –y aquí se citan unos pocos- que explican, en parte, la actitud bárbara como hizo el operativo las fuerzas armadas para pretender recuperar el palacio de justicia y decir que ellos mandaban por encima del presidente. Así que es posible que Belisario Betancur sí tuvo un golpe militar, lo que tal vez lo escribió en su libro que solo se conocerá cuando muera.  
Así que el holocausto del palacio de justicia reflejó la debilidad del Estado, la disputa por el control del poder, la prepotencia de unas Fuerzas Armadas, que han pretendido estar por encima de la ley y con el derecho de abusar de su poder.

 

La Corte IDH responsabilizó al Estado

Por eso, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, ante la mirada impávida de la estatua de Bolívar, la impotencia de presidente, la incompetencia del poder legislativo y el dolor del Poder Judicial, el palacio ardió, se asesinaron prohombres de la justicia y personal civil. Y quienes quedaron vivos fueron torturados, ultimados y desaparecidos sus cuerpos.   
  Fue un acto dantesco ejecutado sin pudor por altos mandos del Ejército, que todavía reclama justicia por parte de las familias que perdieron a seres queridos. Con razón la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- condenó al Estado colombiano por los abusos y crímenes que se cometieron en esos días luctuosos. 
En la sentencia en noviembre de 2014, la Corte IDH les da la razón a las víctimas. En esos dos días fueron desaparecidos una guerrillera, tres visitantes fortuitos, ocho trabajadores de la cafetería. En 2004 se encontró el cuerpo de otro sacrificado, que estaba desaparecido en el cementerio sur. 
La Corte también responsabiliza al Estado de la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán. También comprobaron que cuatro personas más, sacadas vivas del palacio, fueron torturadas en guarniciones militares. Así cumplieron su deber de “defender a la patria” los mandos superiores del Ejército que con la “inteligencia del fusil, las granadas y la tortura”, dirigieron la toma, la retoma del palacio y la posterior cacería de brujas.

Por Diego Arias Serna (*)


 (*) Profesor-Investigador Universidad del Quindío
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