La Región / Marzo 14 de 2012 / Comentarios

Tres decisiones de la procuraduría afectan a funcionarios quindianos

Tres decisiones de la procuraduría afectan a funcionarios quindianos John Didier Grisales, exalcalde de Génova.
Medidas relacionadas con pliego de cargos y suspensiones por parte de la Procuraduría General de la Nación, PGN, involucran a los exalcaldes John Didier Grislaes de Génova, Carlos Enrique López Murillo de Calarcá y Carlos Arturo Gómez Agudelo, quien era funcionario del ministerio de la Protección Social.
El primer caso relacionado con Grisales, el ministerio público le profirió pliego de cargos por haber nombrado y posesionado como comisaria de familia a Claudia Lorena López Giraldo sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. Esta misma determinación también cayó en la funcionaria.

“A Grisales se le reprocha haber nombrado y posesionado mediante decreto del 4 de enero de 2010 a la disciplinada López Giraldo a sabiendas de que no reunía el requisito exigido en el artículo 80 de la ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual señala que para ese cargo requiere la acreditación de título de posgrado en derecho de familia, civil, administrativo, constitucional, procesal, derechos humanos o en ciencias sociales, siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del programa”.

La Procuraduría Provincial de Armenia, que profirió el pliego de cargos, señaló que con esta conducta se evidencia presuntamente una desatención a los deberes de todo servidor público, que son entre otros: “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes  contenidos en la Constitución y los tratados de derecho, descritos en el artículo 34 de la ley 734 de 2002”.

El segundo caso, relaciona al exmandatario de Calarcá, Carlos Enrique López Murillo, a quien la PGN le dictó pliego de cargos por no contestar un derecho de petición.

El ministerio público señaló que el 15 de enero de 2010 un ciudadano requirió al alcalde de dicha población mediante derecho de petición, que se le informara lo relacionado con la existencia de un empréstito por valor de 7.000 millones de pesos, pidiendo información concreta sobre la entidad con la cual se realizó el crédito y la autorización existente para ejecutar dicha operación, las condiciones financieras en que fue otorgado, si tal empréstito excedió o no la capacidad financiera del  municipio, entre otras, lo cual no fue resuelto por el ejecutivo argumentando que el escrito era irrespetuoso, tomando como base para tal decisión la sentencia T-353 del año 2000.

Posteriormente, el 8 de febrero del mismo año, el ciudadano accionante reiteró su requerimiento mediante otro derecho de petición, en donde además solicitaba otra información adicional, el cual tampoco fue contestado dentro del término legalmente previsto.

“Ambos escritos solo vinieron a ser resueltos al mediar una orden judicial, presentándose de manera objetiva un incumplimiento de los deberes de su cargo y obligaciones constitucionales y legales consistentes en dar respuesta oportuna y de fondo a los derechos de petición presentados”.

La Procuraduría Provincial de Armenia consideró vulnerado el derecho fundamental de petición, incurriendo posiblemente en causal de mala conducta, “lo que constituye falta gravísima a la luz de lo estipulado en el artículo 48 de la ley 734 de 2002”.

El último dato corresponde a la confirmación en segunda instancia de suspensión a funcionarios del ministerio de la Protección Social, entre ellos el quindiano Carlos Arturo Gómez Agudelo.

El ministerio público negó la solicitud de declaratoria de nulidad del proceso y ratificó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses para Gómez Agudelo en su condición de coordinador general del grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia así como para Ricardo Saavedra Sandoval en su calidad de coordinador del área de pensiones del mismo grupo interno de trabajo de la cartera nacional.

“Al señor Carlos Arturo Gómez Agudelo se le reprocha por haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones al revocar de manera unilateral las resoluciones que hacía referencia al reconocimiento de mesadas pensionales, ordenando en su lugar descuentos de las mesadas, el pago de acreencias no ordenadas judicialmente y la suspensión de pagos en forma arbitraria sin que se hubiese contado con el previo consentimiento de personas afectadas o con autorización judicial”, resaltó el informe presentado por la procuraduría.

Puntualizaron desde el organismo nacional que contra el presente fallo no procede ningún recurso en la vía gubernativa.


Por: Andrés Felipe Ramos Gámez

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