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Región / NOV 18 2017 / Hace 2 Meses

Tutela para financiación de consulta en Córdoba es procedente

El Tribunal Administrativo del Quindío emitió un comunicado en el que indica que la acción legal, interpuesta por el alcalde de la localidad, es procedente.

Tutela para financiación de consulta en Córdoba es procedente

Entrada al municipio de Córdoba, Quindío. Foto: Archivo LA CRÓNICA


El Tribunal Administrativo del Quindío admitió la acción de tutela que interpuso el alcalde de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao, en contra del ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, CNE, por la no financiación de la consulta popular en contra de la megaminería, la cual está programada para el próximo 3 de diciembre.

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El mandatario argumenta que están violando el derecho fundamental de la participación y la igualdad de los habitantes del municipio. 

“La tutela se interpuso porque, aunque el ministro de Hacienda dijo que era responsabilidad de las alcaldías financiar tales actividades, cuando me reuní con la Registraduría para acordar un convenio que me permitiera transferirle dichos recursos, la entidad manifestó que, según la ley, solo el ministerio de Hacienda podía hacerlo, si es así, entonces le están violando los derechos a los cordobeses negándose a financiar la consulta”, dijo Valencia Henao. 

Lo que busca el mandatario es que se obligue al despacho a disponer del dinero necesario para desarrollar el mecanismo de participación en la fecha ya establecida y así no tener que aplazarla, como ha pasado en otros municipios del país. 

“Ellos tienen 10 días hábiles, a partir de ayer, para emitir un fallo. Yo espero que, si sale a favor, puedan cumplir con el compromiso el próximo 3 de diciembre, y no sigan dilatando como lo han venido haciendo”.

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En el texto presentado por Valencia Henao ante el tribunal el martes pasado, hace referencia a las consultas que se han realizado en el país durante el último año, que en su totalidad fueron financiadas por la Nación. 

“Hasta el momento se han realizado 9 consultas populares similares en el país en el Tolima, Casanare, Cundinamarca, Quindío, Meta y Santander y todas financiadas por la Nación”, dice el documento. 

Asegura que en la localidad cordillerana hay tres solicitudes de contratos de concesión para explotación de metales preciosos, las cuales incluyen siete polígonos ubicados en lugares donde nunca se ha presentado explotación aurífera o donde se ha realizado tradicionalmente explotación minera de otros materiales como arcilla y serpentina. 

“Diferentes organizaciones de ciudadanos de nuestra colectividad manifestaron la intención de participar en una consulta para decidir si favorecen o no la realización de los proyectos mineros”.

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La tutela asegura: “La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral están legitimados al ser las entidades encargadas por orden constitucional y legal, para coordinar y llevar a cabo las acciones relativas al desarrollo de los eventos electorales sin distinción, y del escrutinio general de las votaciones. En desarrollo de estas funciones, dichas entidades tienen competencia relativa para definir la elaboración de su propio presupuesto y la ordenación del gasto para su funcionamiento”. 

Agrega: “El ministerio de Hacienda se encuentra legitimado, ya que le corresponde de manera exclusiva las decisiones fiscales que afectan el presupuesto general de la nación y el presupuesto general de gastos, dentro de los cuales se incluyen las partidas presupuestales relativas al funcionamiento de la Registraduría  Nacional y el Consejo Nacional Electoral”. 


Esperan que se declare improcedente la tutela de Minminas

Los promotores de la consulta popular en contra de la megaminería en Córdoba esperan que el próximo lunes el Consejo de Estado declare improcedente la acción de tutela interpuesta por el ministerio de Minas y Energía en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, en la cual pretenden anular el fallo que dio vía libre a la realización del mecanismo de participación. 

“Ese mismo texto ya fue declarado improcedente con respecto a otros municipios como El Peñón, en Santander, entonces esperamos que pase lo mismo. Pensamos que iba a salir esta semana, pero parece que nos tocó esperar hasta el lunes”, dijo Carlos Andrés Gómez, vocero general del comité promotor.

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La acción interpuesta por Minminas asegura que con la actividad se viola el derecho al trabajo.  “Dicen que hay una contraposición de derechos fundamentales. Ellos argumentan que tiene prelación el derecho fundamental al trabajo sobre el derecho fundamental al medio ambiente sano”, aseguró Gómez.

Afirmó que es una maniobra dilatoria, ya que en el documento solicitan decretar una medida cautelar que tiene como fin la suspensión del fallo y, por ende, la suspensión de la consulta.

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“Solicitan una medida cautelar que consiste en la suspensión del fallo y consecuentemente de todo el proceso de la consulta. El fallo al que hacen referencia es en el cual el tribunal dio viabilidad y concepto favorable frente a la legalidad y constitucionalidad". 


Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA


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