Lunes, 23 Sep,2019
Editorial / JUN 14 2019

Unión, esa es la clave

Si la Corte dio su sentencia, la contrasentencia del pueblo es que nada vale más que el agua y la vida.

Unión, esa es la clave

Como bien lo explicó a LA CRÓNICA el abogado Guillermo Francisco Reyes González, quien se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional por 10 años y viceministro de Justicia, la decisión no es del alcalde, del gobernador y mucho menos del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, ninguna de estas autoridades pueden definir si se prohíbe o no la megaminería en un territorio, pues la Corte Constitucional ya dio su sentencia. Se trata de la SU-095 de 2018, en la que de manera coloquial y resumida dictó que el veto a la explotación y exploraciones de minerales debe concertarse con las autoridades nacionales. En contexto: el fallo del TAQ que invalidó el acuerdo municipal del concejo de Salento, que buscaba blindar a la localidad de prácticas extractivas a gran escala.

Sin embargo, el legista explicó que legalmente no se podría llevar a cabo ninguna práctica minera en las zonas de reservas ambientales o protegidas, por ese lado el Quindío en general tiene una ganancia, pues por su condición biodiversa cuenta con muchas de estas áreas, aunque no debemos conformarnos con esto.

Ha quedado demostrado que en el departamento son muchos los grupos organizados, movimientos, fundaciones, entidades públicas y privadas, población en general e incluso líderes políticos, los que han manifestado su desacuerdo con la práctica minera a cielo abierto. Uno de los últimos eventos donde se ha evidenciado el descontento con las actividades que atentan contra los recursos naturales y ecosistemas fue la cuarta versión de la Marcha Carnaval ‘En defensa de la vida, el agua y el territorio’, que en Armenia se llevó a cabo el pasado 7 de junio.

En este tipo de jornadas de manifestación, los ciudadanos han sido reiterativos en negar la entrada multinacionales en busca de minerales al territorio quindiano, sin importar las explicaciones en cuanto que se puede desarrollar minería responsable, se genera desarrollo económico en la región, regalías, puestos laborales, etc. Si la Corte dio su sentencia, la contrasentencia del pueblo es que nada vale más que el agua y la vida.

Y esto no solo es el pensar de los quindianos, en Colombia, muchas otras regiones se han unido para ponerse firmes en contra del extractivismo, especialmente de oro.

El gobierno nacional, desde el ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no pueden ignorar lo que los colombianos están exigiendo, que no es más que respeto por sus derechos.

Por esa razón, y para que las voces de los pobladores de los territorios más vulnerables a este tipo de prácticas no se las lleve el viento, una de las opciones es generar un grupo unido y organizado, en cabeza de los mandatarios —municipales y seccionales— congresistas y los representantes de los organismos que luchan por la defensa de los territorios, para concertar, tal y como lo dice la Corte Constitucional, pero en esta concertación el que debe ceder es el Estado, escuchando y haciendo valer el sentido de las mayorías y vetar la minería en las regiones cuyos habitantes así lo exigen.

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