Muchas personas —integrantes de esas familias— se han quejado porque según ellas, algunos municipios del Quindío no han efectuado los pagos de esas ayudas desde hace varias semanas acatando una disposición del gobierno nacional; el gobierno lo hizo de buena fe, los que no han manejado el asunto con la misma intención, son algunos alcaldes del país. Muchos alcaldes en Colombia están haciendo aprovechamiento de la política social del gobierno para pescar en el azaroso mundo electoral de estos tiempos.
Qué barbaridad las cosas que ocurren en el país y que se están presentando en el Quindío, parcela de la patria afectada por el menoscabo de valores morales en el ejercicio de la actividad política.
La Procuraduría regional tiene la obligación de investigar estos hechos, para desmentirlos si es que los quejosos denunciantes de las Familias en Acción están diciendo lo que no es, o para que sancione a los funcionarios de las administraciones municipales culpables de la gravísima falta de amedrentar a las familias si no votan por sus candidatos.
Las denuncias son un indicio de la violación por parte de funcionarios públicos a la Constitución y las leyes de la República. La procuraduría tiene esa obligación y la de proteger los derechos de las personas, de todas absolutamente todas. Hay que destapar las ollas sucias —si ellas existen en la administración de algunos municipios— pero no puede ser señor procurador que de esquina en esquina cuando se camina por las calles de Armenia todo el mundo sepa lo que está pasando menos las instituciones responsables de vigilar los asuntos administrativos de la región. Este no puede ser un invento, ni se puede entender como la imaginación de candidatos al Congreso para encontrar cuerdas de salvación en el proceso político que va a terminar el próximo domingo. A nosotros no nos corresponde defender intereses personales, de grupo o de partidos políticos. El único compromiso de La Crónica del Quindío es con la comunidad toda del departamento, del estrato que sea y en el momento en que sea indispensable defenderla, cuando quiera que se estén vulnerando derechos colectivos.
¡Alto ahí! Señor procurador regional, dígalo usted como el digno delegado en el departamento del procurador General de la Nación. La efectividad y la seguridad de los derechos ciudadanos, tienen que ser vigiladas por la procuraduría, aseguradas por el ministerio público y para el cumplimiento de esa misión debe contar permanentemente con el auxilio de la Defensoría del Pueblo.
En el Quindío se volvió costumbre hablar de las mañas, de las sucias costumbres políticas; aquí se sabe cómo es que hacen y quiénes; se sabe mediante que artimañas se procede, pero nadie denuncia nada. Nuestra misión y como imperativo profesional de siempre es el de defender los intereses de la sociedad. A la Procuraduría también le corresponde y por eso le pedimos que haga algo pero de verdad, sin tolerancia, actuando, investigando, enterándose de la verdad.
Muchas de las cosas que pasan en Colombia, los abusos que se cometen desde los gobiernos locales como parece suceder en el Quindío, ocurren por omisión, porque no faltan negligentes y desidiosos a quienes se encomienda tareas importantes que finalmente son desatendidas, olvidadas, dejadas al garete. Eso es lo que ha ocurrido siempre.
Muchas veces la negligencia se da en entidades de control y vigilancia, porque los actores quieren quedar bien con todo el mundo y así es imposible. Así no funcionan las cosas. Hay mucho descontento en los sectores ciudadanos pero nadie hace nada, no hay quien le ponga freno a las irregularidades que se dice se están presentando, faltas que se están cometiendo en forma abierta y descarada. Hay que ejercer vigilancia superior de la conducta oficial para que el debate del domingo sea transparente. Gane quien gane, pero que también triunfen la honradez y la transparencia. Lo que está sucediendo no deja que la fiesta sea limpia y alegre.
