El último escándalo es uno de los peores, no sólo por la magnitud de los recursos fraudulentamente arrebatados al erario sino por todas sus circunstancias. Veamos.
Con el atractivo argumento de crear empleo en el campo, se diseña un programa para estimular el establecimiento de empresas agrícolas con la ayuda del Estado. Sin embargo la ayuda no se otorgará a cooperativas de trabajadores sin tierra, como podría pensarse. No, centenares de miles de millones de pesos irán a los bolsillos de un puñado de terratenientes para aumentar la distancia entre los que nada tienen y aquellos a quienes todo les sobra. Así crece la injusticia bajo la mirada complaciente del ministro de agricultura y de todos los que en el gobierno tienen que ver con los asuntos del agro. A esa fiesta de los millones se le da el pomposo nombre de Agro Ingreso Seguro y sus participantes disfrutan tranquila y regocijadamente de ella.
Cuando todo va sobre ruedas, surge un problema: al investigar a un senador amigo del régimen, la Corte Suprema descubre que su obsecuencia le ha sido pagada con notarías y otros cargos oficiales, que él, a su vez, ha concedido a cambio de cuantiosos pagos. Y también se revela que un hijo del político ha recibido un regalo de setecientos millones de pesos del ministerio de agricultura.
A partir de ese momento, la revista Cambio investiga y destapa toda la tramoya que se ha armado para saquear el tesoro público. En la lista de los agraciados figuran hasta una reina de belleza y un narcotraficante, como para hacerle más atractiva.
Llama la atención el que no hayan sido la Procuraduría y la Contraloría las que hayan encontrado el fraude. ¿Qué hacían sus funcionarios, que forzosamente tenían que estar informados de lo que pasaba? Nada, fuera de cobrar sus sueldos y gozar de su pereza.
El ex ministro de agricultura que anda en trance de candidato presidencial de repuesto (si el presidente no lo es) dice que todo se ajustó a la ley. Y lo mismo manifiesta quien hoy desempeña ese cargo. El mismo presidente, en principio, no condena el hecho. Después, cuando las pruebas se vuelven abrumadoras, sale a decir que la buena fe de estos “servidores” públicos fue asaltada, pero que el programa debe mantenerse porque es excelente. ¿Puede serlo algo que viola la Constitución?
El artículo 355 de la Constitución, dispone: “Ninguna de las ramas del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.” Ésta es la primera norma que se ha quebrantado. Por más vueltas que se le den al asunto y por más que se pretenda disfrazarlo, éstas son donaciones. Llámenlos como quieran llamarlos, son y seguirán siendo regalos, dineros entregados a título gratuito.
Todo esto es monstruoso y debería causar la indignación general. Ya el actual ministro de agricultura habría debido ser destituido y la Procuraduría, al culminar el proceso disciplinario, deberá imponer la misma sanción a su antecesor. Pero nada ha pasado y solamente cabe una conclusión: Colombia se ha resignado a ser uno de los países más corruptos del mundo. La gente ha perdido la capacidad de asombro y se ha habituado a vivir en medio de la podredumbre. Mientras tanto, las encuestas muestran como aumenta la popularidad del presidente que, como el ave del verso, atraviesa el pantano “sin manchar su plumaje”.
Como vamos, vamos mal. Y eso que aún no ha comenzado el tercer mandato. ¡Que Dios tenga de su mano a esta pobre Colombia resignada!
Posdata: como tenía que suceder, el deportivo Bedoya, mal llamado Selección Colombia, fue eliminado. Por eso Luis Herberto, Alberto Romero y sus demás compinches entienden que han sido reelegidos. ¡Adelante: los grandes negocios están por venir!
