Lunes, 24 Sep,2018

Opinión / SEP 14 2018

Crisis y revision POT

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Abordo hoy algunas conclusiones que sobre el ordenamiento del suelo rural de los llamados POT de segunda generación —tipo POT de Armenia— se mencionan  en el documento publicado por el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Estado de las principales variables municipales que inciden en el ordenamiento territorial y en los POT formulados entre 2000 y 2017”.

Los POT de primera generación tuvieron un desarrollo muy superficial del ordenamiento rural. Solo establecieron algunas normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural, usos agropecuarios y prohibiciones de usos industriales, comercio y servicios. Se ignoró la importancia de reglamentar el espacio público, vialidad y equipamientos de forma coherente con la vocación y procesos poblacionales de la zona rural. Asimismo y por razones obvias, ningún POT de primera generación incluyó la reglamentación de instrumentos de planificación rural —las llamadas Unidades de Planificación Rural, UPR— solo fueron reglamentadas por el gobierno nacional hasta 2007 mediante el decreto nacional 3600 —reglamentación de las determinantes de ordenamiento del suelo rural—.

Ya con esta norma los POT de segunda generación ya pudieron incluir análisis y diagnóstico de las vocaciones de las zonas rurales de los municipios con el objetivo de: 1) Consolidar su condición rural. 2) Proteger los recursos naturales, los valores ambientales y agrológicos mediante la limitación de procesos de ocupación, desarrollo de usos y densificación en contra de la ruralidad. 3) Definir sistemas de vialidad, espacio público y equipamientos rurales.

Por otra parte, los POT adoptados con posterioridad al año 2014 incluyeron la caracterización del riesgo por fenómenos naturales —inundación, avalanchas, sismicidad, conformación geotécnica y fenómenos de remoción en masa, entre otros— teniendo en cuenta que a partir de la vigencia de la ley 1523 de 2012, mediante la cual se adoptó la política nacional de gestión de riesgo de desastres, todos los municipios, de manera obligatoria, deberían formular un plan de manejo de riesgos y desastres incluyendo lo relacionado con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Adicionalmente estas revisiones deben adoptar regímenes de usos del suelo rural que se articulen con el saneamiento básico, la movilidad, las vocaciones, la clasificación agrológica, los valores paisajísticos y los servicios ambientales. 

Nota: el ordenamiento territorial no puede construirse con base en estrategias de ataque y contraataque entre posturas personales al interior de una misma administración municipal. Un POT es otra cosa. Qué lástima: Armenia sigue en caída libre, sin paracaídas, ni fondo a la vista.

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