Martes, 16 Ene,2018

Opinión / ENE 14 2018/ Comentarios

Democratizar la contratación

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Aurelio Mejía García

En los próximos dos años (2018 y 2019) el municipio de Armenia y el Departamento del Quindío harán inversión en infraestructura por alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos ($400.000.000.000), según anuncios hechos tanto por el mandatario local Carlos Mario Alvarez Morales. como por el seccional Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y en unas cuantías aproximadas de trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000) por parte de la Administración municipal y sus diferentes entidades (EPA, EDUA, etc) y de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) por parte de la Administración Departamental a través de recursos propios, recursos de regalías, recursos de empréstito, etc.

Si se toman esos $400.000 millones de pesos y se dividen en contratos de en promedio dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) cada uno, se lograrían tener doscientos contratos en estos dos años.

Cada contrato generaría aproximadamente la siguiente mano de obra calificada y no calificada así:dos ingenieros o arquitectos propietarios del contrato, un ingeniero o arquitecto director de obra y otro residente, un ingeniero o arquitecto interventor y otro residente de interventora, un ingeniero ambientalista con un 25% de ocupación, un topógrafo con un 25% de ocupación, un profesional de salud ocupacional y riesgos profesionales con un 50% de ocupación, un profesional social con un 50% de ocupación, además de todo el personal no calificado de administración (almacenista, celador, auxiliar de mantenimiento, etc) y por ultimo todos los obreros que participan de forma directa.

Si ejecutamos los doscientos (200) contratos se generarían el siguiente número de profesionales, así:

Mil doscientos (1.200) ingenieros o arquitectos.
Cincuenta (50) ingenieros ambientalistas.
Cincuenta (50) topógrafos.
Cien (100) profesionales de salud ocupacional y riesgos profesionales.
Cien (100) profesionales sociales.

Aproximadamente treinta (30) ingenieros o arquitectos consultores que lleven a cabo las tareas de elaboración de diseños, presupuestos y revisión de propuestas.

Todo esto se podría lograr si se hace una verdadera democratización de la contratación donde la transparencia y la igualdad de condiciones para los proponentes se cumplan, todos los contratos se deben adjudicar de acuerdo a licitaciones públicas donde se proporcionen la participación plural de oferentes (mayor a 10) y los requisitos técnicos, financieros, organizacionales sean equitativos de acuerdo a la obra a ejecutar.

Las entidades que no estén obligadas a cumplir la ley 80 y otras leyes y decretos reglamentarios (EPA, EDUA, Promotoras de Vivienda, etc) deberán de seguir el ejemplo de la transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

Una invitación especial les hago a las demás entidades del orden departamental y nacional (EPQ, EDEQ, CRQ, etc) a que repliquen esta propuesta de democratización de la contratación.

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