Viernes, 23 Feb,2018

Opinión / FEB 13 2018/ Comentarios

Dos elecciones amañadas

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Gilberto Zaraza Arcila

Cuando se esperaba que las elecciones de los organismos de control de acuerdo con el espíritu de la ley 1551 de 2012 y su decreto reglamentario 2485 de 2014, se hicieran de manera transparente, ceñidas a la constitución y a la ley, minimizando la injerencia política; los concejos y asambleas siguen violando el marco jurídico, atendiendo solo las órdenes del jefe político que maneja la coalición mayoritaria en esas corporaciones.

Los caciques políticos siguen manejando los entes territoriales y los organismos de control como si fueran sus fincas, en las que hacen elegir o nombrar como mayordomos a incondicionales, para manejar la burocracia y el presupuesto público a su amaño y para blindar a estos de posibles investigaciones o sanciones fiscales o disciplinarias.

Lo que pasó en la elección del Contralor del Quindío para el periodo 2016-2019 es vergonzoso, e inaudito. En enero de 2016 violando el debido proceso eligieron a Sandra Gómez, elección declarada ilegal por el Consejo de Estado, quien ordenó reanudar el proceso desde la entrevista, con los candidatos habilitados para ello. El 27 de abril de 2017 la asamblea eligió a Germán Barco López que impuso Luz Piedad Valencia, según se dice como un compromiso para asegurar el respaldo político a su aspiración al senado; del alcalde de Circasia y de la hermana Yolanda Duque Naranjo.

La asamblea del Quindío en abril de 2017 entrevistó a dos candidatos inhabilitados. El elegido por las inhabilidades establecidas en el art 3 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 9 de la ley 177 de 1994 que modificó el literal c del artículo 163 de la ley 136 del mismo año. En ambos casos pasó la puerta giratoria de fiscalizador a fiscalizado y viceversa, donde fiscalizara sus propios actos. Y por no presentarse a la entrevista en enero del 2016, lo que viola la sentencia T- 093 de 2013 de la Corte Constitucional que establece que quien no se presenta a una prueba en un concurso pierde el derecho a ser calificado en esa prueba. Y Laura Cristina Tabares por haber sido nombrada y posesionada en un cargo directivo de la misma contraloría, lo que viola el artículo 272 de la constitución.

Como si fuera poco se violaron los artículos 13, 29 y 126 de la constitución nacional, que tratan sobre el principio a la igualdad y el debido proceso. Se omitió cumplir lo establecido en los artículos 6 y 13 de las resoluciones reglamentarias 074 y 075 del 2015 de la asamblea que se acogió al concurso de méritos, con la discrecionalidad de elegir a cualquiera de la terna.

A pesar de la demanda de nulidad, la “justicia” hoy más reconocida por la corrupción y la impunidad, en un fallo contraevidente decidió validar la espuria elección. Por eso la corrupción en el país nadie la detiene, porque los organismos judiciales y de control fungen casi como cómplices del cáncer que devora el Estado.

 


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