Martes, 25 Sep,2018

Opinión / ABR 16 2018

¡Infames!

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Condenar a los niños a una competencia desigual, es simplemente limitar la movilidad social y condenar a la existencia de la desigualdad social en el futuro, además de acrecentar la inequidad en la desarrollo de la vida de los colombianos. Y más condenable incluso cuando se trata de los pobres o en condiciones de vulnerabilidad como se llama ahora, y las decisiones políticas suenan a insensibilidad y despropósito.

Esta demostrado científica y socialmente que el desarrollo psicosomático de los individuos, y la infraestructura para acceder al conocimientos en los seres humanos tiene mucho que ver con la alimentación en sus primeros años, y se requiere en los ciclos de aprendizaje. Muchos expertos lo han afirmado y las políticas públicas se han adoptado en el mundo y en este país, que desde la misma salubridad pública apuntan a combatir la desnutrición, y no es ajeno nuestro departamento a esa problemática.

La resolución 29452 de 2017 bajo la cual se escudan para tomar decisiones que lesionan los derechos de los niños-estudiantes dice que el objeto del Programa de Alimentación Escolar, PAE, es “suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos alimentarios saludables”, en palabras comunes: motivar la asistencia a clases y mejorar con una dieta de contingencia la alimentación de los estudiantes.

Dice también que el programa será cofinanciado con recursos del SGP, regalías, propios de los municipios y departamentos y otras que pueden provenir del sector privado. De lo anterior se infiere que son varias las entidades que participan y que deberían tener como prioridad la educación, y sobre todo los niños que serán la sociedad del futuro.

Para nadie era secreto la necesidad de mejorar las raciones y obviamente su costo. Pero también para nadie es secreto que el pago por ración también beneficia a los prestadores del servicio, servicio que no se entiende por qué no se concerta con la organizaciones como cooperativas, asociaciones con amplia experiencia en ello en nuestro departamento, sino objeto de contrato como si fuese una obra pública.

Sería bueno conocer en detalle con cuánto participan las entidades territoriales, y cuántos proyectos de regalías se presentaron para ello, o concluir que al parecer la construcción de infraestructura es importante para los gobernantes olvidando la inversión social. Pasar la alimentación de 41.000 estudiantes a solo 28.000 por entidad territorial en nuestra tierra, es una decisión de infames contra nuestro niños.

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