Opinión / Noviembre 14 de 2017 / Comentarios

Las trampas del progreso

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Óscar Iván Sabogal V.

"Garantizar la participación en estas materias a través de consultas populares no es una concesión graciosa de los gobernantes."


El siglo XIX, heredero del Renacimiento, cuna esencial del racionalismo, declaró el Progreso dogma fundamental  de esos tiempos. Insinuaba, entonces, que en ese concepto ambivalente, estaba el verdadero paraíso de la sociedad, una meta que mucho había costado, pero que nos había consolidado definitivamente como seres superiores en el amplio espectro del mundo y de su historia.

¡Como estábamos de equivocados! No mucho tiempo después y cuando empezamos a transitar por los rieles de la posmodernidad, nos encontramos con la cruda realidad que nos dice que somos apenas unos viajeros peligrosos, con mucha compañía en esta nave terráquea, donde los animales y la vegetación ocupan también puestos preferentes y que el frágil medio ambiente es el escenario propicio para la vida y de su  equilibrio y conservación dependemos no solo nosotros sino los demás pasajeros, también el viaje y el planeta  mismo.

Hoy, cuando el concepto del reino absoluto del hombre ha terminado, y nos sabemos criaturas en interacción con el medio que nos rodea, suena insensato seguir persistiendo tercamente en extender indiscriminadamente las explotaciones de la mega minería, ese oficio de piratas del comercio internacional empeñados en extraer para su propio beneficio las riquezas minerales del subsuelo a cambio de unos dólares y de transformar la epidermis del planeta en un accidentado campo lunar lleno de cráteres.

Muchos temas en juego se presentan cuando mencionamos la minería de extracción: el jurídico, por ejemplo, nos dice que, si bien el subsuelo es objeto de la jurisdicción del Estado, también lo es que el ordenamiento constitucional de 1991 redimensiona la protección ambiental por su conexión directa con la vida, valor fundamental consignado en el preámbulo de la constitución, elevándolo a la categoría de Derecho Colectivo y estableciendo dentro de sus principios fundamentales (artículo 8°) la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales, enunciado que entraña serias limitaciones al ejercicio de ciertos derechos como los de carácter económico, y la obligación de  conservar las áreas de especial importancia ecológica.

También ponen en juego  las concesiones mineras indiscriminadas, las consultas populares, en desarrollo de la democracia  participativa, que lejos de ser, apenas, una práctica deseable dentro del comportamiento político de los colombianos, la Carta Política la erige como un principio fundante del Estado y  fin esencial de su actividad, lo que implica para las autoridades el deber de facilitarlas y promoverlas en las diferentes esferas de la vida colectiva y el de fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que como las de explotación minera conciernen al destino colectivo. 

Garantizar la participación en esas materias a través de consultas populares no es una concesión graciosa de los gobernantes, es un derecho que hace parte de la esencia de la  estructura estatal que no dimos como nación, cimentada en valores y principios constitucionales.

Temas Relacionados: Oscar Iván Sabogal Vallejo

COMENTA ESTE ARTÍCULO

En Cronicadelquindio.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces, si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador.

©2009- 2017 todos los derechos reservados