Tomando como referente el trabajo titulado Vivimos bajo el signo de los antivalores, de Ramón de Zubiría, parece que la suspicacia y la astucia hubiesen desplazado a la inteligencia y el talento, dado que si no hay ley, se apela a la de la selva y, si se promulga, entonces se recurre a todas las formas de transgresión y violación, porque la pretensión de muchos individuos es vivir desconociendo lo establecido, sin que les importe pertenecer o no al gobierno.
Con el propósito de salir de esta encrucijada, el Congreso de la República facultó al Presidente Juan Manuel Santos Calderón para acometer una reforma estatal, siendo ese el antecedente por el cual se produjo la creación de la Agencia para la Defensa del Estado que estará en manos de un Zar súper-empoderado, quien tendrá como objetivo salvaguardar los intereses de la Nación, porque de no ser así, con solo perder la cuarta parte de las demandas millonarias que cursan contra el Estado, éste quebraría, de acuerdo con reciente afirmación del propio Presidente de la República.
Según Sor Juana Inés de la Cruz, “Y quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga?”
Si de una parte el gobierno argumenta la existencia de mafias especializadas y adiestradas en demandar al Estado, de otra se aduce la existencia de instancias oficiales desde donde se prohijan acciones, omisiones y crímenes de lesa humanidad generadores de esas demandas, encrucijada de la que difícilmente podrá salirse, ya que cada sector cuenta con sus respectivos apologistas.
Si bien es cierto que algunos agentes del Estado han resultado involucrados en delitos contra personas o comunidades, hasta el punto de haber sido judicializados o condenados y de otros hasta ahora se presume su culpabilidad, no lo es menos que otros ciudadanos malintencionados, muchas veces asesorados por profesionales inescrupulosos, han demandado al Estado de manera inmisericorde, por considerarlo como supremo dispensador de bienes, servicios, prerrogativas y privilegios, tal y como sucedió con las llamadas “víctimas” de Mapiripán.
Como si se tratara de un monstruo de dos cabezas, así como en algunos casos es innegable la culpabilidad oficial, en otros prevalecen los intereses mezquinos de quienes saben aprovechar cualquier oportunidad para desangrar las finanzas del Estado, es decir, menoscabar el bienestar de todos los colombianos, (como en el caso de las súper-pensiones).
¿A quién debe creérsele? Pues a quien la justicia absuelva, porque, a pesar de todo, doctores tiene la Santa Madre Patria.
