Opinión / Marzo 20 de 2017 / Comentarios

Nuevas normas para avaluadores

Eduardo López Murillo

¿Qué es un avalúo inmobiliario? Es la tasación del valor de un predio a precio comercial en condiciones actuales, realizado por un avaluador o firma especializada en propiedad raíz a fin de darle curso a una determinada operación. El perito o valuador debe tener los conocimientos técnicos y profesionales que le permitan actuar de manera independiente para poder emitir un dictamen claro y transparente, utilizando las 4 metodologías establecidas en la Resolución 620 del Igac.


La Ley 1673 de julio de 2013 llamada Ley del Avaluador, se refiere al control que se debe tener con respecto a las personas que ejercen la actividad valuatoria. Mediante el decreto 556 de 2014, el gobierno nacional reglamentó la ley, y autorizó a los peritos inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en las siguientes categorías previo el cumplimiento de los requisitos legales: 1. Inmuebles urbanos. 2. Inmuebles rurales. 3. Recursos naturales. 4. Obras de infraestructura. 5. Edificios de conservación arqueológica y monumentos históricos. 6. Inmuebles especiales (ejemplo: centros comerciales y clínicas). 7. Maquinaria fija, móvil y equipos. 8. Equipos especiales (ejemplo: aeronaves y teleféricos). 9. Obras de arte. 10. Semovientes y animales. 11. Activos operacionales y establecimientos de comercio. 12. Intangibles (ejemplo: marcas y primas). 13. Intangibles especiales (ejemplo: daño emergente y lucro cesante).

En el período de reglamentación y transición, se han creado una serie de entidades para las afiliaciones y registro, como son: ERA: Entidad Reconocida de Autorregulación; RAA: Registro Abierto de Avaluadores; ONAC: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, bajo la Norma ISO 17024; y ANA: Autorregulador Nacional de Avaluadores.

Actualmente nos encontramos en el período de transición y a partir del 18 de mayo del corriente, todos los avaluadores que cumplan los requisitos de la Ley 1673, deben estar inscritos ante la ANA para poder ejercer esta profesión.

Con estas nuevas normas el gobierno busca una mayor responsabilidad y transparencia por parte de los peritos, evitando las estafas y posibles malos negocios con engaños entre las partes por dictámenes falsos, donde se involucran entidades del gobierno en las compras de predios, los Juzgados, notarías, bancos y particulares. 

El avalúo es un documento público utilizado para las compraventas, permutas, diferentes clases de negocios, hipotecas, particiones, sucesiones, daciones en pago, cancelación de deudas, arrendamientos, conciliaciones y préstamos.  El valor de un predio es único: no es un capricho del perito, no depende de las circunstancias o de la clase de negocio; el avaluador trabaja libremente despojado de presiones, gustos, intereses o favores.

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