Desde hace casi dos décadas, en Colombia se habla de despenalización de la droga, lo que enfrenta a la sociedad en un debate, que como se evidencia, se prolonga sin que haya un punto de concertación y que satisfaga a las partes.
La pugna ya enfrentó hasta dos entidades nacionales como la Fiscalía y Procuraduría, debido a que el fiscal respaldó el fallo de la Corte Constitucional por considerar que los adictos representan un problema de salud pública y no deben ir a la cárcel, mientras el procurador advirtió que con ello lo que se promueve es el consumo de drogas.
En palabras de a centavo, lo que dijo la Corte el pasado 28 de junio es que se despenaliza el porte de la dosis mínima, la cual es equivalente a un gramo de cocaína o 22 de marihuana. Por consiguiente, quien sea detectado con dichas cantidades en su poder ya no es calificado como delincuente ni podrá ser judicializado.
El debate no se hizo esperar y los diversos puntos contemplan por ejemplo que se reviven los cuestionamientos sobre si el Estado ha liderado una efectiva lucha contra las drogas, o si esta determinación puede entorpecer los posibles avances.
En materia jurídica se dijo que la ley de Seguridad Ciudadana, es decir la 1453 de 2011, no distinguía entre el porte de la dosis mínima personal y el delito de tráfico de estupefacientes.
Debemos tener claro que en nuestro país, los consumidores son considerados personas que padecen una enfermedad y no delincuentes, por tanto el Estado debe velar y tener programas preventivos para disuadir el consumo, al mismo tiempo está obligado a ofrecer oportunidades para la rehabilitación de los adictos que decidan voluntariamente someterse a ello. En tal sentido, es que se contemplan por ejemplo los programas con metadona, para quienes han caído en el consumo de heroína.
Es de recordar que desde 1994 se discute el tema, a raíz de una demanda de Alexandre Sochandamando quien cuestionó la ley 30 de 1986, al argumentar que castigar a una persona que llevara una determinada cantidad de droga era una intromisión del Estado en la “salud personal y que la pena de hasta un mes de prisión allí establecida era discriminatoria con los drogadictos, ya que se encuentran en la misma condición de adicción que, por ejemplo, un alcohólico”.
De la misma forma, se recalcan los aspectos del libre desarrollo de la personalidad, de igualdad y de dignidad humana, que impide que el sistema penal entre a decidir sobre la suerte de un adicto, aseguró entre sus argumentos el fiscal Montealegre, por lo que se enfatiza en que este no debe ser tratado como criminal puesto que su condición se tiene que tratar como un problema de salud pública. Así, necesita un médico y no un guarda del Inpec.
Entre tanto, hay quienes aseguran que se incentiva más el consumo, se debilita la lucha, por lo cual aumenta el micro y narcotráfico y con ello las organizaciones ilegales que tanto mal y muerte le han causado al país.
Por ello, el procurador Ordóñez aseveró que el fallo de la Corte beneficia a los jíbaros que se ubican en los colegios y universidades para comercializar o inducir a los niños y jóvenes en el mundo de la droga.
No obstante, entre tanto debate sería valioso indagar entre las familias que padecen el flagelo y conocer lo que se vive cuando un integrante del núcleo se consume en las drogas, para tener una lectura de la realidad más humana, así como urgen, además de los pronunciamientos de las altas cortes y los entes de control, estrategias y mecanismos policiales que aseguren una aplicación de la norma.
Igual, requerimos de intensificar las campañas para evitar que nuestra niñez y juventud caiga en el flagelo, y que se garanticen programas de atención para quienes sufren la enfermedad.
No podemos ir aprobando conductas sin blindar a la sociedad o garantizar que estas no serán controladas por las autoridades, ya vemos las aciagas manifestaciones de lo que es el abuso, solo basta con reiterar en la problemática que ha propiciado el consumo de tabaco o la más latente, el alcohol, que año tras año suma víctimas fatales por la irresponsabilidad de ebrios al volante, y que ha sido el tema de moda en los últimos meses en el país, solo por citar un ejemplo.
Finalmente, nuestro departamento sufre sin piedad de estas lamentables acciones: drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, y lo peor son los niños los más afectados. Se sabe de las consecuencias, entre las que se enumeran prostitución, abuso sexual, violencia y sicariato a causa de las bandas, etc, lo que debe llevarnos no solo a pensar en despenalizar o no sino a revaluar qué estamos haciendo verdaderamente en la lucha contra las drogas.