Martes, 20 Ago,2019
Opinión / JUN 07 2018

Calumnias contra Ricardo Arias

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Un juez de Paloquemao acusó al exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, ingeniero civil Ricardo Arias Mora por contratar en 2012, sin cumplir los requisitos legales, a fin de embolatar 36 mil millones en provecho de otro, que le pueden ocasionar hasta 45 años de cárcel.

En la primera alcaldía popular de su muy honorable padre en los años 88, 89 y 90 Ricardo exigía a colegas una coima del 10% en cada obra del municipio de Armenia. Terminado el mandato y después de disfrutar con lo público, Arias quedó en el sector privado… privado de sueldo, carro oficial, secretaria, contratos, viajes, canonjías.

Por no pagar, cursaron en su contra abundantes procesos ejecutivos, como el del locutor Carlos Alberto Alzate el ‘pecoso’, endosatario de un cheque chimbo de dos millones girado a un humilde topógrafo para pagarle un trabajito, que sustentó el embargo de sus enseres, en el edificio San Esteban de la calle 15 norte, diagonal a La Fogata.

Despojado el principal de la curul, sin tener los votos necesarios en su iglesia Casa sobre la Roca, el suplente Arias llegó al Congreso y de allí cayó sobre el FNA. Después de dilatar la imputación cinco meses, la Fiscalía le atribuyó comprar la sede del fondo en 71 mil millones, a una fiducia representada por Alberto Aroch —vinculado en otro caso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir— con detrimento para el tesoro público.

La Contraloría catastralmente comprobó que el inmueble ubicado en Puente Aranda costaba 35 mil millones y el mismo fondo también lo justipreció por debajo. Quedó claro que sin planeación y quebrantando los principios de selección objetiva y transparencia canceló un precio muy superior resultante del cotejo con otro edificio incomparable lo que al final direccionó la adquisición hacia Aroch.

Ricardo alega que la diferencia en las pericias “es un tema de las nuevas normas de contabilidad financiera” y que tenía autorización legal para contratar en modo privado porque el fondo que es una empresa comercial e industrial del Estado no está incluido en el Estatuto General de la Contratación. Intrínsecamente ese alegato es una confesión ya que esas empresas sí aparecen en la ley 80 de 1993. 

El uniquindiano —por ahora libre— está llamado a juicio; y ya huele a ceniza.


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