Jueves, 20 Sep,2018

Opinión / OCT 26 2016

Cartas sobre la mesa

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Reprodujo  El Tiempo  en su página web una carta al presidente Juan Manuel Santos, rubricada por 73 intelectuales –tres de ellos vinculados al Quindío–.

Pide el escrito la implementación inmediata de los acuerdos de La Habana, rechazados en las urnas el 2 de octubre. Solicitan los firmantes un Acuerdo Nacional y no un convenio de camarillas para lo cual, según ellos, la puesta en marcha de los actuales acuerdos es un paso fundamental. En principio, la misiva parece sensata. No obstante, detrás de la exigencia central del texto se esconde una actitud cuestionable: instar al presidente Santos a desconocer los resultados del plebiscito. El acatamiento a la opinión expresada por las mayorías en los comicios legales es uno de los valores principales de los sistemas democráticos. Sin la refrendación popular, los acuerdos de La Habana son en la práctica –aquí empleo palabras de ellos–un pacto de élites. ¿El motivo? Bien lo señaló Pepe Mújica en una conferencia en Madrid: en las negociaciones de las Farc y el Gobierno Santos el aporte “de los de abajo” fue poco. En otras palabras, la incidencia ciudadana en el proceso de paz desde un principio fue mínima, restringida a decir Sí o No al final. Y el No, por un pequeño margen, obtuvo mayor cantidad de votos. Creo nada atinado exhortar a Santos a aplicar unos acuerdos que dividen de una forma tan radical al país, generando malestar en las conciencias de los ciudadanos. Lo más saludable para nuestra democracia es promover un diálogo abierto, responsable, capaz de llevarnos a construir entre todos los sectores sociales unos acuerdos respetuosos con las víctimas y la justicia.

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Días antes del 2 de octubre José Miguel Vivanco, vocero de la ONG internacional Human Rights Watch, le remitió a Santos otra carta abierta. En ella le enuncia al primer mandatario sus “serias reservas sobre el componente de justicia de este proceso de paz”. Vivanco, uno de los primeros analistas en denunciar la atrocidad de los “falsos positivos”, tiene “numerosas preocupaciones sobre el Acuerdo Especial del 19 de agosto pasado y, en particular, sobre el contenido allí propuesto para la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales”. Según el chileno, “dicho proyecto contiene inconsistencias que podrían utilizarse para limitar indebidamente la rendición de cuentas de responsables de graves abusos”. Una lectura minuciosa, ajena al sectarismo político, del componente de Justicia del Acuerdo de La Habana le da la razón a las objeciones de Vivanco y permite comprender que estos y otros análisis sobre las debilidades de lo pactado no tienen, desde luego, el fin de lanzarle etanol a la hoguera de la violencia sino, muy por el contrario, poner en el centro del acuerdo a las víctimas y a la sociedad civil, no a las Farc ni a los agentes del Estado involucrados en crímenes de guerra. Debemos los colombianos tener la grandeza suficiente de superar las pasiones partidistas del Sí o del No. En la actual crisis nacional vale repetir una vez más la máxima conciliadora de José María Samper, uno de los intelectuales más prominentes del siglo XIX colombiano: “La patria no es propiedad exclusiva de nadie; es el súmmum del trabajo de todos”.

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