Jueves, 23 May,2019
Opinión / MAR 26 2019

Claridad constitucional

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La decisión de la honorable Corte Constitucional de inhibirse para responder consulta del presidente de la Cámara de Representantes, en relación con la petición de pronunciarse sobre las seis objeciones del presidente Duque, a la ley de la JEP, constituye una postura seria, de acuerdo a lo establecido por la constitución y en plena consonancia con sus funciones fundamentales. La Corte fue clara al afirmar que su competencia adquiere plenitud, cuando concluya el procedimiento legislativo propio del segundo debate, o en su defecto, cuando concluya el término máximo de que dispone el Congreso para decidir, que en este caso culmina el 20 de junio; el Tribunal Constitucional actúo con claridad y disipó los rumores de la víspera de una posible decisión contraria de la Corte que generó múltiples manifestaciones de perplejidad, quizás por comentarios que habían expresado que las objeciones del presidente no eran válidas y que esa apreciación, la de Lizarazo, tendría acogida en la Corte. Como se observa, los hechos no ocurrieron así, para fortuna de la justicia colombiana. Es dable afirmar, además, que un significativo número de notables juristas, le envió una carta a Duque, señalando, entre otras cosas : “Ninguna autoridad puede negarle al presidente de la República el derecho de objetar proyectos de ley que sean enviados para su sanción” (1).

Corresponde enseguida la discusión de las objeciones al Congreso de la República, a través de comisiones especiales y más tarde en las plenarias; impera así nuestro ordenamiento constitucional.

La minga

Con recurrencia en el tiempo, las diferentes organizaciones indígenas y campesinas bloquean las vías y generan un estropicio monumental a la economía, el transporte de alimentos, víveres, gasolina, productos perecederos y las exportaciones al sur, entre otras cosas; en primer lugar es la expresión de la exclusión histórica, pero en buena parte, es el incumplimiento de los acuerdos en otros paros y en otros gobiernos, con la famosa postura que está haciendo carrera: el que viene atrás, paga. El nuevo gobierno paga, la próxima administración paga, generando la impresión de un Estado resquebrajado, gracias a la ligereza irresponsable de muchos funcionarios. Creo que las cosas no pueden seguir así: si hay unos acuerdos, a cumplirlos, si hay unas sentencias pagarlas con responsabilidad; en fin, que los líderes de las protestas, no involucren a conductores, a trabajadores, agricultores, el comercio y la economía de un país que lucha por salir adelante. Más mesura y, desde luego, no permitir el terrorismo.

1 El Tiempo. 21 de marzo. 2019. página 1.2


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