Miércoles, 24 Jul,2019
Opinión / JUN 25 2019

Contralorías incompetentes

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Es evidente que la biodiversidad, la naturaleza y los ecosistemas urgen hoy más que nunca de mayor responsabilidad para su conservación, debido a su acelerado deterioro que está poniendo en grave peligro la producción de alimentos, plantas medicinales, la generación y regulación hídrica; la protección contra el cambio climático y los desastres naturales. 

Sin embargo estos temas fueron analizados por primera vez en el Quindío, sobre la perspectiva del Control Fiscal Ambiental, en el Congreso promovido por la Contraloría Departamental del Quindío, donde se expusieron los lineamientos jurídicos y constitucionales para que las administraciones departamental y municipales atiendan eficazmente los derechos ambientales de los ciudadanos, y al mismo tiempo protejan la biodiversidad. Infortunadamente en el certamen no se hizo alusión a la biocontabilidad, un concepto nuevo por medio del cual los informes y estados contables rinden cuentas en relación con el desempeño ambiental, social, y económico de las entidades territoriales, en relación con las medidas dirigidas a la protección de los recursos naturales; pues resulta obvio pensar que lo que no se cuantifica, es difícil de medir; en esta área es experto el doctor Eutimio Mejía Soto, quien no fue incluido como panelista —aquí poco se cree en el talento quindiano, como lo pregona el ‘genio’ exdirector de planeación Fernando Arias, la inteligencia se queda en el río Barbas—. Interesante eso sí, que el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que, “En Colombia los resultados del Control Fiscal Ambiental no son favorables a la gestión administrativa en los entes territoriales, y en el Quindío no se ha cumplido a cabalidad el proceso, porque no existe el personal idóneo, ni suficiente para adelantar el trabajo y por tanto, los municipios no han invertido de forma efectiva los recursos destinados por ley a la reforestación y conservación de los nacimientos de agua y las cuencas de los ríos que abastecen los acueductos locales”. En una clara contradicción de lo que supone el control fiscal ambiental, no se plantearon soluciones a la corrupción que se registra en la contratación para reforestación, recuperación de fuentes hídricos y sostenibilidad ambiental, pues algunos gobernantes y funcionarios se alían con ONGs y fundaciones cercanas al poder con quienes celebran contratos apócrifos, que las contralorías poco o nada vigilan y cuando lo hacen, ingenuamente avisan de su presencia con anticipación, otorgando tiempo para que preparen los informes, corrijan actas finales y toda clase de errores, pero nunca verifican el cumplimiento de los contratos en las zonas donde se ejecutan. A esta repudiable forma de hurtarse los recursos del medio ambiente, se suma que, la guía de elaboración de costos ambientales solo fue concebida el año anterior por la Contraloría General de la República, la que debe ir paralela a la guía que estableció el ministerio del Medio Ambiente. Es decir, a hoy las Contralorías en el control fiscal ambiental son incompetentes, inoperantes e inútiles.

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