Miércoles, 16 Oct,2019
Opinión / SEP 16 2019

Costosa obediencia

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Nos encontramos ahora en lo que se podría llamar 'la recta final' de las campañas políticas regionales. En esta recta final, tanto unos como otros sacan todas sus cartas y armas para intentar llegar a las administraciones locales. 

Algunos le meten acelerador a su participación y visualización en las diferentes comunas de los municipios o en los municipios mismos dependiendo de su candidatura; otros deciden darle un impulso a su penetración en medios y un giro a su estrategia publicitaria en redes sociales. Sin duda la política y la manera de difundir los programas de gobierno ha cambiado de manera drástica en los últimos años. Otros candidatos, un poco más audaces, le exigen a los servidores públicos, 'empleados' de sus varones electorales, que se comprometan con un número importante de votos a su favor, so pena de, eventualmente, perder sus cargos.

Pues bien, esta última estrategia es ilegal, y tanto el que la promueve, exige o constriñe, como el servidor público que se somete a ella y vende su voto, junto con el de sus familiares o amigos, incurre en las faltas gravísimas o en los delitos que señalaré a continuación.

Esta práctica, aunque a todas luces se ve como un evidente desafío a las instituciones democráticas del país, y pareciera salida de una historia noventera de un país africano; ocurre hoy, en nuestras narices en el Quindío. Al parecer, parece que estos empleados públicos son muy fieles, y las cuentas para estos candidatos dan para que, desde ya, les estén prometiendo u ofreciendo diferentes cargos a sus colaboradores de campaña.

Para estos obedientes servidores públicos, me permito, con todo respeto, señalarles las consecuencias jurídicas de su lealtad frente a sus salientes jefes, en primer lugar disciplinarias al tenor de la ley 743 de 2002 y la ley 996 de 2005, y desde luego consecuencias penales:

El artículo 422 de la Ley 599 del 2000 dice: Intervención en política. El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

(…)

Además constreñimiento al elector, tráfico de votos, financiación ilícita de campañas y violación de topes. Lo anterior en aras de sopesar si vale la pena incurrir en los anteriores supuestos de hecho, frente a líderes que, es probable, no ganen las elecciones que dicen ganar, y quedarse, como dice el dicho, con el pecado y sin el género. Esto sin tener en cuenta que serían coparticipes de la raíz fundamental de todos los males del país; la corrupción en las elecciones es base y mamá de todas las corrupciones subsiguientes, las cuales no podrían subsistir sin esta primera.


Gabriel Arturo Echeverri Castaño

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