Jueves, 15 Nov,2018

Opinión / AGO 02 2018

¡Cuánta ignominia, cuánta iniquidad!

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Las palabras enmudecen y se paraliza la pluma con la sorpresiva noticia de una nueva ignominia, una iniquidad más a cargo de la Corte Suprema. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin duda el mejor gobernante del país en toda su historia, es llamado a indagatoria por haber denunciado al senador Iván Cepeda como responsable del carrusel de falsos testigos montado en su contra; en otras palabras, pasa a ser acusado por ejercer un legítimo derecho, y, en cambio, las pruebas de cargo contra Cepeda son desestimadas.

No deja de sorprendernos esta infamia, aunque, viniendo de parte de una corte que ha sido vinculada al ‘cartel de la toga’, no debería extrañarnos. Fresca está en la memoria de los colombianos toda la podredumbre descubierta inicialmente por la DEA. El concierto para delinquir agravado, el cohecho, el tráfico de influencias y el uso abusivo de información privilegiada, han caracterizado la conducta de magistrados tales como Camilo Tarquino, José Leonidas Bustos, Gustavo Malo y un magistrado auxiliar de este. Confirma el senador Musa Besaile que en la Corte se negocian los fallos por sumas astronómicas, en sucias transacciones de las que fue partícipe el exfiscal Gustavo Moreno, en complicidad con varios magistrados.

Esa, señores, es la Corte que ahora pretende acusar y juzgar a un hombre pulcro, intachable y patriota como Álvaro Uribe, a quienes los colombianos tenemos tanto que agradecer. Del 2002 al 2010 nos salvó del terrorismo y la inseguridad que se habían apoderado del país. En el 2016 lideró la lucha contra la entrega del país a las Farc, que culminó con el rechazo del pueblo soberano al malhadado acuerdo de La Habana, y en el 2017, en compañía del expresidente Andrés Pastrana, convocó a 10.000.000 de ciudadanos a apoyar al ahora presidente electo, Iván Duque, evitando así la catástrofe que hubiera significado el triunfo del populismo de corte castro-chavista que amenazaba a la patria. 

Estamos ante una clara manifestación de la politización de la justicia. Nadie que conozca la reciente historia del país ignora que se trata de la última estratagema del sátrapa, en contubernio con su corte de bolsillo, para vengarse de su principal opositor.

No hay salvación para un pueblo, cuyos jueces fallan en política, no en derecho, como lo propuso un magistrado no hace mucho. Santos se aplicó en sus dos mandatos a la tarea de reunir en sus manos todos los poderes públicos mediante el execrable expediente de la compra de conciencias. Parlamentarios, magistrados y dueños de los medios de comunicación pasaron a ser sus serviles amanuenses. Los principios de la separación de poderes de Locke y Montesquieu, pilares del sistema democrático, plasmados por primera vez en la constitución norteamericana, aquí recibieron entierro de tercera.
¿Qué camino nos queda ante tamañas injusticias que a diario tenemos que presenciar?
En primer lugar, tanto el Centro Democrático, como el resto de colombianos de bien nos debemos levantar como un solo hombre a protestar por esta infame persecución política en contra de Uribe. De bien nacidos es ser agradecidos, dice el refrán. Y es mucho lo que Colombia le debe a este gran hombre e indiscutible líder.

En segundo término, no podemos bajar la guardia frente a este vicio estructural que corroe las entrañas de nuestra justicia. Mientras esté en manos de los políticos, a través del Consejo Superior de la Judicatura, el nombramiento de los magistrados, no habrá una justicia imparcial e independiente. A los colombianos se nos aplicará la ley de manera diferente, según nuestra filiación política. ¿Cómo explicar la celeridad para compulsar copias y llamar a indagatoria al ex presidente Uribe, mientras Luis Alfredo Ramos aguarda hace varios años una sentencia, por la única razón de que no hay pruebas válidas en su contra y debe, por lo tanto, ser absuelto? 

Hemos insistido —y lo seguiremos haciendo— en la necesidad de llevar a cabo una gran reforma de la justicia que elimine el origen político de los jueces, garantice su independencia, procure la llegada de los mejores juristas a la administración de justicia por el camino de los méritos, e impida la llegada o la continuidad de funcionarios venales. 

Por supuesto, dicha reforma no puede ser elaborada con quienes han llevado la justicia a este grado de postración. Podemos comenzar, por ahora, formulando denuncias ante la nueva Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes siempre que conozcamos una desviación de sus deberes por parte de los encargados de administrar justicia. Esperemos que la nueva escoba barra mejor.


 Luis Alfonso García Carmona

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