Martes, 18 Jun,2019
Opinión / ENE 13 2019

Cuentas no cuadran

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El procurador general, Fernando Carrillo, comentando las polémicas decisiones de jueces que han dejado en libertad reconocidos y condenados delincuentes de cuello blanco esta semana, mencionó una cifra de $166 mil millones que le adeudan a la Nación los defraudadores del Estado, dato según él reportado por la Contraloría General, cifra irrisoria frente a los estimativos de $50 billones anuales que se pierden. 

Normal la reacción e indignación que se ha extendido a toda la población en general, por una justicia complaciente y ajustada a tales delincuentes para que sus fechorías queden en impunidad y puedan continuar disfrutando a sus anchas del dinero robado. A duras penas pagan unos pocos años en sitios privilegiados con todas las comodidades del caso, cuando no en sus propias casas, así no hayan devuelto ni una mínima parte, ni pagado las multas, ni indemnizado a sus víctimas y salen libres, con el amparo de jueces y abogados igual de deshonestos a sus defendidos.

Aparte se puede deducir que las cuentas no cuadran. Si cuadraran y los dineros se recuperaran en buena proporción, no tendría por qué darse el famoso hueco fiscal. Un presupuesto alto, propicia campo de acción para los corruptos. La voz del pueblo no cuenta. Lo acontecido con la consulta anticorrupción, hecha trizas por el Congreso, ratifica solo interés en su propia conveniencia. Ojalá al menos la de “no casa por cárcel a los corruptos”, ni en instalaciones militares, ni en sitios decorosos, logre finalmente salir avante. Debe agregarse la prohibición de rebajas, concesiones especiales y demás mecanismos que se inventan los legisladores para hacerles el quite cuando les toca enfrentar la justicia. 

Hay un estatuto anticorrupción, la ley 1474/2011, aparentemente orientado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y la efectividad del control de la gestión pública. Pero a la hora de su aplicación, tanto abogados defensores como jueces, no obstante ser conscientes de la culpabilidad ya demostrada y debidamente fallada en contra de los condenados, se rebuscan con lupa las estrategias para evadirla y sacar a tales delincuentes de sus líos, tal como está sucediendo. Triste pero es la realidad que ratifica el dicho popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Ni el Estado, ni las personas afectadas son indemnizados, ni las sentenciadas cumplen la condena que se les fija. 

 

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