Sabado, 17 Nov,2018

Opinión / JUL 17 2018

Derogar acuerdo que aprobó la valorización

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Después de casi cuatro años de expedido el acuerdo 020 de 2014, que aprobó la contribución de valorización para realizar 12 ‘megaobras’ en la ciudad, y del ilegal decreto 082 de 2015 de la exalcaldesa que modificó lo aprobado por el concejo municipal de Armenia, en cuanto al costo de las obras, los plazos para su ejecución y su financiación, el balance es deplorable.

Vencidos los plazos iniciales para la ejecución de las obras, solo se realizaron tres mal ejecutadas, que no solucionaron los problemas de movilidad. Las nueve obras restantes se encuentran suspendidas, aplazadas y sin contratar por falta de recursos para su realización, pero también por falta de planeación y de obtención de los respectivos permisos ambientales ante la CRQ. Además, se están cobrando intereses de mora y corrientes de financiación a los contribuyentes, violando lo establecido por el estatuto de valorización municipal; cuando el municipio de Armenia no tiene autoridad moral para hacerlo porque es el mayor deudor moroso, ya que no ha cancelado el valor correspondiente a la exoneración de la contribución a los estratos 1 y 2, que se comprometió a pagar. Y lo más grave, los organismos judiciales descubrieron que se conformó un concierto para delinquir entre los dos últimos alcaldes, varios funcionarios públicos y los contratistas para defraudar el municipio y apropiarse de $22.000 millones de valorización, para su enriquecimiento ilícito y para financiar varias campañas políticas.

En el debate sobre las obras por valorización realizado la semana antepasada en el concejo, donde propuse derogar el acuerdo que aprobó dicha contribución, el director de Hacienda del municipio dijo que hay una desfinanciación del proyecto cercana a los $50.000 millones porque se tenía proyectado recaudar con intereses $165.000 millones, apenas se han recaudado $60.000 millones y faltan por facturar solo $55.000 millones. Lo que demuestra lo mal planeado y financiado este controvertido proyecto. Esto sin contar el incremento en el valor de las obras debido al aumento en el precio de materiales y mano de obra, que los notorios retrasos han ocasionado. Las obras irresponsablemente aprobadas por el concejo en fase uno sin estudios, diseños y financiación por $126.000 millones, ejecutarlas en fase tres con ingeniería de detalle cuestan alrededor de $200.000 millones. Con todos estos agravantes no tiene presentación, ni justificación obligar a los contribuyentes a seguir pagando la corrupta valorización, porque ya perdieron confianza y credibilidad en la administración y no la pagarán. Lo responsable, ético y gallardo por parte de la administración municipal para reivindicarse con la ciudadanía, es presentar un proyecto de acuerdo al concejo derogando el acuerdo 020 de 2014, aprobarlo y devolver lo recaudado a los contribuyentes; o llegar a un acuerdo con los mismos para que sea abonado a la deuda del impuesto predial. El alcalde de la ciudad por respeto con los ciudadanos, no debe esperar a que un fallo judicial declare ilegal el mencionado acuerdo. Debe seguir el ejemplo de transparencia del alcalde de Pereira, que no hizo ningún lobby ante los estrados judiciales y ante la caída de la valorización por simple errores de forma, ordenó devolver la contribución recaudada y realizar las obras prometidas con recursos propios. Derogar el acuerdo de valorización ante la vergonzosa corrupción y el monumento a la improvisación, es un imperativo, un mandato ciudadano.

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