Jueves, 15 Nov,2018

Opinión / FEB 25 2016

Díptico de la infamia

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Informa este diario que José Fernando Echeverry, rector de la Uniquindío, piensa demandar a Luis Fernando Marín, director de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, capítulo Quindío, por un comunicado público.

Marín, con no poca valentía civil, cuestiona la excesiva contratación del nuevo gobierno de la universidad y señala el riesgo económico que esta acarrea. Con cara de pocos amigos Echeverry pretende llevar a cabo una nefanda práctica: perseguir judicialmente a quien se oponga a sus directrices.

Olvida el rector de la Uniquindío –¿lo olvida o lo desconoce?– un principio básico de la democracia, a saber: la importancia de la veeduría ciudadana. Marín, cuya inquietud compartimos muchos uniquindianos, mete el dedo en la llaga y se atreve a decir en voz alta algo que la mayoría susurra en los pasillos o en los cafés: la transformación de la Uniquindío en un fortín burocrático de la trinca fucsia, encabezada por Sandra Hurtado.  

En lugar de satanizar al opositor debería el rector Echeverry convocar a todos los estamentos sociales a vigilar la contratación de la Uniquindío y abrir las puertas de sus dependencias para propiciar un eficaz control.

Desde hace algunos años las noticias relacionadas con la Uniquindío son desalentadoras. Con nula presencia en la vida cultural y política de la región, el claustro renunció a uno de los ejes misionales de la Universidad contemporánea: la extensión social. Dedicado casi exclusivamente a la docencia, le da la espalda a la cambiante realidad del país y del departamento.

Salvo honrosas excepciones, la planta docente cumple el rol de los burócratas del conocimiento mientras la administrativa es víctima  de los altibajos de la clase dirigente tradicional.

 

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Un grupo de mandatarios locales, encabezado por Andrés Alberto Campuzano Castro, alcalde de Génova —conocido a nivel nacional por el bochornoso incidente en el que irrespetó, siendo candidato, a miembros de la Fuerza Pública— y por Yenny Trujillo, alcaldesa de Calarcá —quien, a pesar de negarlos cada tanto, no ha podido alejar de sí el manto de sospechas que crean sus vínculos con el destituido Juan Carlos Giraldo—, después de una reunión con la diva fucsia, Sandra Hurtado, le envió una carta al gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá instándole a desembolsar dineros asignados por las discutibles ordenanzas aprobadas a última hora por la desprestigiada asamblea departamental.

En lugar de en gavilla atacar al nuevo gobernador –a quien, la verdad sea dicha, parece que sus asesores no le sirven de mucho– debería el grupo de alcaldes dedicarse a trabajar por el bienestar común de sus electores.

Ojalá la opinión pública sepa apartar el trigo de la paja y los gobernantes municipales y departamentales caigan en la cuenta de una verdad simple: su principal compromiso es con los ciudadanos y no con las maquinarias electorales, las que nos tienen a un paso del precipicio.

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