Martes, 20 Nov,2018

Opinión / JUN 12 2018

¡Empaque y vámonos!

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Mientras muchos piensan en elecciones, política, deporte o moda, hoy me preocupa el tema de la drogadicción en el departamento del Quindío. Parto de un hecho absolutamente monstruoso: el matricidio cometido en La Tebaida hace una semana por un joven bajo el efecto de sustancias alucinógenas. La noticia, que causó conmoción en el departamento del Quindío, evidencia el grado de ineficacia de la lucha que familias, instituciones y profesores llevan a cabo contra un enemigo que pareciera indestructible.

Desde 2012, la Corte Constitucional determinó que el porte de la dosis mínima de sustancias psicoactivas, tales como la marihuana y la cocaína, no es penalizable. Es decir, quienes porten dichas sustancias “en las dosis reglamentadas”, no son objeto de proceso judicial alguno. Este asunto se ha convertido en uno de los puntos más críticos en la lucha contra la drogadicción, pues reduce la operatividad y eficacia de la autoridad policial en la lucha contra el microtráfico de estupefacientes. Nada se puede hacer contra la ley.

No tiene sentido perseguir a quienes consumen drogas, se debe perseguir entonces a aquellos que se lucran con el negocio: los expendedores. La dificultad radica en que ya no podemos diferenciarlos, pues unos y otros tienen derecho a portar su ‘dosis personal’, y a abastecer su consumo para varios días. Esto es legal. Ahora bien, a pesar de que se trata de una lucha contradictoria, el Estado continúa realizando la persecución de los carteles que a diario se lucran del negocio con sumas extraordinarias.

Esta lógica se mueve entre la doble moral y la ignorancia, no hay para dónde coger. Escuchamos a diario temas referentes a operativos contra bandas delincuenciales locales asociadas al microtráfico. Pero, qué sentido tiene esto, si no se toma en cuenta que este flagelo social se sustenta en el porte legal de la dosis personal.  Así las cosas, como se dice coloquialmente, ¡empaque y vámonos! La ley permite que los delincuentes aprovechen los vacíos institucionales.

Necesitamos ajustes legales.  No podemos seguir pensando que la despenalización del consumo de drogas esté basado en la defensa de derechos básicos como la libre personalidad ¿Cuál libre personalidad? En el caso de adictos, se trata de individuos enajenados que pierden el rumbo y la capacidad de dirigir sus sentimientos, la dependencia a una droga perjudica su existir. Siendo esto acolitado por el Estado.

Miles pueden ser los esfuerzos de padres de familia en la formación de sus hijos, muchos más los de educandos y de instituciones que se unen a esta compasiva labor de conservar la esencia humana. No obstante, igual de numerosas son las decepciones al toparnos con un sistema que da libre acceso a una sociedad sin estructura para afrontar realidades de tal complejidad.

Por último, me pregunto ¿cuántas madres más tendrán que seguir esperando que lleguen sus hijos a acabar con el esplendor de sus vidas? ¿Cuantos jóvenes más debemos ver destruidos en las calles? ¿Hasta dónde queremos llevar esta degradación social?

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