Viernes, 21 Sep,2018

Editorial / SEP 04 2018

¿En camino de la ley 550?

Acciones urgentes de inteligencia financiera requiere Armenia para no caminar con los ojos abiertos al abismo.

¿En camino de la ley 550?

En el sector privado, un aviso del gerente sobre la situación financiera crítica de la empresa, seguramente llevaría a que todos los socios se reunieran en junta extraordinaria para tomar medidas extremas que procuraran salvar la empresa y no permitir su cierre, ya que ello implicaría la pérdida de sus inversiones, despedir empleados y con ello las consecuencias gravísimas que ello implica. Y es normal que todos se coloquen la camiseta por la empresa ya que les duele, su sentido de pertenencia los flexibizaría a adaptarse a nuevas condiciones, y sobre todo, a buscar en el régimen jurídico colombiano, las diferentes herramientas que ofrece la ley para ayudar a las empresas y de esa manera entrar en procesos de insolvencia económica que les permita renegociar deudas y entrar en un plan de ajuste que seguramente va a ser duro al comienzo pero que al final va a generar frutos. Así lo establece el artículo 1 de la ley 1106 de 2006.

Pero en el sector público, y más específicamente en nuestro municipio, parece ser que la interinidad le está haciendo mucho mal al futuro de nuestra ciudad. No se ve la toma de una decisión rápida como se haría en el sector privado. La paquidermia propia de lo público y el solo tener el espejo retrovisor para ver los errores de los demás, no es un modelo de gerencia pública contemporánea. Hasta ahora solo hemos escuchado del señor alcalde informes que dan cuenta de una situación financiera muy crítica para la ciudad, pero no basta solo eso para conjurar la crisis. Para la muestra, el recaudo por concepto del impuesto predial, de industria y comercio y de valorización, han decaído al punto de que ya las entidades bancarias han prendido sus alarmas para echar mano de cualquier recurso del municipio y con ello procederse a pagar los créditos que le han otorgado a la administración local.

Un alcalde en propiedad seguramente tendrá que revisar la pertinencia de que Armenia entre, con el apoyo del ministerio de Hacienda Pública en un acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la ley 550 de 1999 que le permita hacer acuerdos de pagos con acreedores y de esta forma evitar eventualmente la parálisis administrativa y los embargos. Esta figura no es más que la convención celebrada a favor de una entidad territorial, con el objeto de corregir las deficiencias que presente en su capacidad de operación y en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, para que pueda recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo. —Art. 5 de la ley 550—.

Ya muchas entidades territoriales, tanto gobernaciones como alcaldías, han acudido a esta figura y ello les ha permitido sacar adelante sus territorios. ¿Y si no es un acuerdo de reestructuración, deberá acudirse a la figura del programa de saneamiento fiscal a la luz de lo estipulado en la ley 617 de 2001? No lo sabemos, pero algo debe proyectarse con urgencia y hacerse.

Surge entre tantas dudas con relación a la situación financiera del municipio un interrogante que nos debe preocupar a todos: ¿Si el la alcaldía al suscribir los empréstitos para cubrir las obras por valorización, suscribió a favor de los bancos otras garantías para el pago, tales como los recursos de predial o industria y comercio, qué va a pasar el día que en las cuentas de valorización ya no haya dinero suficiente para pagar esos créditos?

Sencillamente los bancos tomarán los dineros de los recursos de predial y de industria y comercio (Ya se encuentran pignorados) que son los que sustentan el funcionamiento y la inversión, y con ello se pagarán sus deudas, y la nefasta consecuencia de esto es que el municipio no tendrá con que sufragar sus gastos de funcionamiento y la ciudad se quedará sin recursos para atender las múltiples necesidades que lastimosamente no tienen otra fuente de financiación.

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