Jueves, 15 Nov,2018

Opinión / JUN 10 2018

Hablemos claro sobre valorización

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Armenia pasa por la peor situación de su historia: nunca la ciudad había caído tan bajo. Tener el alcalde en la cárcel, acompañado por algunos de sus colaboradores más cercanos; y dos exalcaldes en similar situación, causa vergüenza. Hay que analizar con serenidad estos acontecimientos, para buscar la manera de evitar que se repitan los delitos contra el erario, y que esas conductas, a fuerza de repetirse, se conviertan en vicio. O lo que es peor: que sus autores perfeccionen sus procedimientos delictuosos, hasta el punto de lograr que sea casi imposible descubrirlos y gocen de impunidad, en la mayoría de los casos.

Para comenzar, hay que afirmar que es necesario distinguir entre la contribución de valorización, y los delitos cometidos por un puñado de maleantes.

En el siglo pasado, Armenia tuvo una oficina de Valorización ejemplar en su organización. En 1962, Alberto Fernández Cadavid, abogado antioqueño experto en la materia, redactó el Estatuto que regiría todo lo relativo a esa contribución.

Esa organización permitió adelantar obras como la ampliación de la carrera 14 y de la calle 21, que cambiaron el rostro de la aldea grande por el de la ciudad pequeña. Se construyó la carrera 19, que hoy se llama “Avenida 19 de Enero”, precisamente por haberse aprobado por el Senado, en esa fecha de 1966, la ley que creó el departamento del Quindío. También por el sistema de valorización, se construyeron la avenida Bolívar y el parque de Los Fundadores. Además, se pavimentaron incontables calles y se remodeló la plaza Bolívar.

Tanta confianza tenía la gente en el sistema de valorización, que continuamente llegaban memoriales firmados por los vecinos de los diversos sectores, que pedían que se les pavimentaran las vías, y manifestaban estar dispuestos a pagar lo que les correspondiera.

Había, como es lógico, reclamaciones. Esas se tramitaban y resolvían de conformidad con la ley.

En los años ochentas del siglo pasado, comenzó un proceso de deterioro de la oficina de Valorización. Algún alcalde (que jamás debió serlo porque terminó en la cárcel) manifestaba que no se atrevía a mencionar siquiera la palabra valorización, porque podrían revocarle el mandato. No faltaron los politiqueros que se oponían al sistema de valorización, con el pretexto de defender a los sectores más pobres. Se trataba de un argumento demagógico, sin pies ni cabeza, como es fácil demostrarlo. Es evidente que en la medida en que no se hacen determinadas obras para mejorar una parte de la ciudad, ésta decae, la propiedad raíz pierde gradualmente su valor.

Exactamente lo contrario acontece en aquellas que se favorecen por la ejecución de mejoras urbanísticas, así se financien con esta contribución. Téngase en cuenta que el tributo corresponde apenas a un porcentaje del mayor valor que la nueva obra le causa a determinado predio.

Decir que el sistema de valorización ha fracasado por el robo cometido por algunos empleados públicos que entraron a saco en el tesoro municipal, es razonamiento simplista que no resiste análisis. Lo que falló no fue el sistema: fue la llegada de unos ladrones a la administración pública. Ladrones que habrían robado lo mismo en cualquiera otra dependencia, sencillamente porque, como lo dije en esta columna, “nacieron para ser ladrones”.

Lo peor que podría pasarle a Armenia sería hacer a un lado la contribución de valorización, que es el instrumento más eficaz para acometer obras de interés común que promueven el progreso. En síntesis, sería el mayor pecado que podría cometerse en perjuicio de los armenios.

Echar por la borda el sistema de valorización sería un error y no arreglaría el problema de los empleados deshonestos, que, casi siempre, son una de las manifestaciones perjudiciales del cacicazgo. Su nombramiento se origina en una orden del cacique, que así paga servicios politiqueros prestados o por prestarse. Él se beneficia, y la ciudad, vale decir, la comunidad, paga. Es el clientelismo que corroe y degenera la administración pública, al poner a sus servidores bajo el mando de los que solamente piensan en sus intereses particulares.

Este delito que se ha cometido contra Armenia, contra todos sus habitantes, tiene al menos una consecuencia buena: han quedado al descubierto los que por años medraron en la sombra. Esta es la oportunidad para salir del carriel y de todo lo que se le asemeja. Una cosa es manejar un garito y otra, bien diferente, regir los destinos de una ciudad de cuatrocientos mil habitantes.

Liberada Armenia de sus ataduras clientelistas y depurada su administración, podrá seguir su camino ascendente.

Dicho sea de paso, el municipio de Armenia, está llamado a intervenir en las investigaciones que se adelantan contra estos empleados. Al delinquir causaron un daño a la administración municipal, daño que es posible cuantificar y cuya reparación corresponde a sus autores. Y no se cumple esta obligación con declaraciones públicas de arrepentimiento. No, es menester calcular el valor, en moneda corriente, del daño causado, para establecer la cuantía de la reparación.

NOTICIAS RELACIONADAS


COMENTA ESTE ARTÍCULO

En cronicadelquindio.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces, si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador.

logo-copy-cronica
© todos los derechos reservados
Powered by: rhiss.net