Lunes, 24 Sep,2018

Opinión / SEP 04 2018

Hay que despolitizar la justicia

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Es evidente la crisis judicial y carcelaria en Colombia, la mayoría de expertos centran sus análisis en el hacinamiento y las condiciones degradantes que viven los internos en los reclusorios. 

Muy pocos opinan sobre las contradicciones en el diseño de la legislación penal, su política criminal y su sistema carcelario, lo que ha dado paso a profundos cuestionamientos en torno de la conveniencia o no de aumentar las penas de prisión a quienes delinquen y si las cárceles deben seguir siendo manejadas por el Inpec. Y es que la falta de coherencia jurídica es evidente con los beneficios penales a quienes delinquen, como la aceptación de cargos, donde de entrada inician con rebajas hasta del 50% del total de la condena y el trato benévolo a homicidas y delincuentes menores de edad, que son instrumentalizados por los grandes capos del narcotráfico y jefes de bandas criminales para evadir la justicia.

Para algunos juristas el sistema judicial, penal y carcelario falla desde su concepción, ya que su modelo no es producto de estudios técnicos serios y detallados sobre la realidad delincuencial, social y cultural del país, sino que es el resultado de acalorados debates en el Congreso, aprobando un código penal incoherente, contradictorio y desarticulado, que pareciera diseñado para favorecer a los transgresores de las normas y a los funcionarios corruptos, y no para juzgar con rigor; pues si partimos de la premisa de que, el Estado busca penalizar por dos razones imperantes, una: para demostrar que delinquir no paga, que a los trasgresores de las normas los condenan en el ejercicio de un Estado social de derecho, cuya esencia es ser justo y protector de los intereses de las víctimas. Y dos, para impedir que el autor de la conducta punible vuelva a delinquir, con este propósito el condenado de acuerdo con el delito cometido es encarcelado y, se supone lo incluyen en programas de resocialización, para que cuando recobre su libertad no vuelva a la vida criminal.

Sin embargo, lo que ocurre frecuentemente con la justicia es lo contrario, envía a quienes tienen vocación criminal, señales claras de que sí vale la pena delinquir, pues un gobernante, congresista, diputado, concejal o cualquier otro funcionario, al ser condenado por corrupción, le dictan detención domiciliaria, después de hurtarse miles de millones de pesos del erario; y si la medida es intramural, lo envían a sitios ‘menos peligrosos’, donde esté más cómodo y tranquilo. De esta forma se le muestra al potencial delincuente que, a pesar del delito cometido, puede disfrutar de privilegios.

Es evidente que la justicia, el legislativo y el régimen carcelario del país, se tienen que despolitizar. ¿Por qué no ser más intrépidos y pensar en una comisión suprema colegiada integrada por magistrados de las altas cortes, con nueve togados y mediante ejercicios jurídicos, académicos, técnicos y con base en la realidad social, delincuencial y corrupta del país, se encarguen de diseñar los planes de choche para frenar la criminalidad? Es simple, los congresistas y la política no tendrían más la justicia de bolsillo, no podrían legislar en su propio beneficio.

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