Martes, 18 Sep,2018

Opinión / AGO 26 2018

Hoy, un gran pulso nacional

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La corrupción ha sido inherente a la sociedad. Tan grave era en los comienzos de la República, que el General Santander en Santa Fe de Bogotá y Simón Bolívar en Lima, Perú, tuvieron que imponer la pena de muerte a todo funcionario que se le comprobara que había malversado o tomado para sí más de Diez ($10.oo) pesos del erario (década del 20 del siglo XIX). El decreto funcionó hasta 1863.

Hoy en Colombia, 155 años después, se realiza una consulta popular sobre ese fenómeno. De acuerdo con un estudio de la universidad Externado de Colombia, la corrupción en nuestro país es inmensa, no de unos cuantos, sino que es sistémica o sea del sistema, que carcome a políticos y funcionarios del Estado desde la capital de la República, hasta el corregimiento más pequeño. En los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y en el sector privado. 

Muchas iniciativas para combatir la corrupción han sido negadas en el Congreso. Entre los debates dados allí sobre ese fenómeno durante lo corrido de este siglo se destacan los planteados por el senador Jorge E. Robledo, como el referido a la valorización irregular y desmesurada de unos terrenos en Mosquera, Cundinamarca, para favorecer a los hijos del expresidente Uribe; la destinación ilegal de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro del mismo gobierno por parte del exministro Andrés Felipe Arias, hoy fugitivo de la justicia; el desvío billonario de recursos de la salud y otros fraudes de Saludcoop y la casi totalidad de las EPS; el sonado caso de sobornos y hasta financiación de campañas presidenciales en Colombia por parte de la multinacional Odebrecht. El libro “La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia”, del mismo senador del Polo, reseña pormenorizadamente varios de esos escándalos, también los de Isagen, Reficar y Urrutia, Trasmilenio y Metro de Bogotá.

Después de varios intentos fallidos en las pasadas legislaturas por hacer aprobar leyes anticorrupción la senadora Claudia López lideró un comité nacional que se dio a la tarea de recoger con muchos voluntarios, más de 4 millones de firmas que sirvieron de base y presión para que el Senado aprobara por unanimidad convocar una consulta y el presidente Santos le puso la fecha del 26 de agosto.

Movimientos como Coalición Colombia y otras organizaciones y entidades han venido difundiendo la justeza y pertinencia de los 7 puntos de la consulta anticorrupción. Se requiere que hoy voten por lo menos doce millones trescientos mil colombianos para que se supere el altísimo umbral establecido para este mecanismo de participación ciudadana y que más de la mitad de los votantes marquen sí a cada una de las 7 preguntas para que la consulta se convierta en mandato popular.

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