Lunes, 25 Mar,2019
Opinión / ENE 13 2019

Inaceptable injerencia

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Con fecha de 16 de noviembre de 2018, la multinacional minera Gran Colombia Gold de origen canadiense, dirigió una carta a toda la cúpula del Estado, desde el presidente, la vice, los ministros de Minas, Defensa, Justicia, la Procuraduría, Fiscalía, Policía y Fuerzas Militares, manifestando su preocupación “por la situación actual que se presenta en las áreas de sus títulos mineros como consecuencia de la minería ilegal” especialmente en Marmato,  Caldas; Remedios y Segovia, en Antioquia.

La multinacional le pide al gobierno nacional que actúe como lo hizo en 2015 apoyando a otra multinacional minera, la Continental Gold en Buriticá, donde metieron más de 2.000 soldados a reprimir a los mineros nacionales y garantizar los intereses de los extranjeros.

Es inaceptable que una multinacional venga a indicarle al gobierno nacional qué es lo que tiene que hacer, para favorecer los intereses foráneos, reprimiendo a los mineros tradicionales. Eso se llama injerencia indebida o violación de la soberanía nacional. 

Los mineros de Marmato, Remedios y Segovia son mineros nacionales ancestrales que han vivido de la minería generación tras generación desde antes de que llegaran los españoles a colonizar estas tierras. Tienen derechos adquiridos por esa tradicionalidad, han participado en procesos de formalización que no se concretan, no por culpa de ellos sino por la desidia del gobierno. 

La carta finaliza, solicitándole al gobierno la defensa de los derechos de la Gran Colombia Gold, “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita…”. “Estamos dispuestos a coordinar cualquier esfuerzo y buscar la mejor estrategia para enfrentar el problema, antes de que sea imposible el ejercicio de nuestros legítimos derechos mineros en dichas áreas”.

Esta situación nos recuerda lo que se vivió hace 90 años con otra multinacional gringa, la United Fruit Company, que le exigió al gobierno de Miguel Abadía Méndez que defendiera los intereses de la empresa de una multitud de obreros que le exigían sus mínimos derechos a unas mejores condiciones de vida y de trabajo y el ejército colombiano, acatando a sus superiores, dio la orden a sus soldados para que ametrallaran a la multitud y masacraron a más de 1.700 trabajadores en la plaza de Ciénaga, Magdalena, el 6 de diciembre de 1928.  

A los mineros tradicionales les toca unirse para defender sus derechos, porque todo indica que este gobierno no está interesado en retomar los procesos de formalización que intentaron desarrollar administraciones anteriores. Y hacer un llamado general a defender la soberanía nacional y solidarizarse con los mineros de Marmato, Remedios y Segovia.   


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