Martes, 20 Nov,2018

Opinión / ABR 08 2018

Incremento inaceptable

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

El pueblo no puede cargar con los errores de sus gobernantes. Me refiero al escandaloso incremento del 35% en promedio en las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, decretado por la Junta Directiva de EPQ.

Veamos cuál es la causa de este atropello. Cuando la candidata de Sandra Paola Hurtado a la gobernación del Quindío, Sandra Milena Gómez, no resultó electa, empezaron a buscar a dónde iban a reubicar a todos sus empleados que saldrían de la gobernación y otras dependencias. A Sandra Milena la nombraron contralora del departamento y comenzaron a planear la reestructuración de Esaquín.

El 21 de diciembre de 2015, 10 días antes de entregar la gobernación, convocan a la asamblea, le cambian de razón social por Empresas Públicas del Quindío, EPQ, y nombran a James Padilla García como gerente. La Comisión Reguladora de Agua potable, CRA, autorizó a EPQ el incremento de la tarifa de acueducto y alcantarillado, para los municipios con más de 5.000 suscriptores, o sea Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Circasia, en un promedio de 35% y más, para incrementarlo gradualmente desde diciembre de 2015 durante 3 años, que se cumplen a final de este.

Una vez legalizada la reestructuración de EPQ, en febrero de 2016 ampliaron la planta de personal, que pasó de 139 a 218 entre empleados y trabajadores, contraviniendo las disposiciones de la Superintendencia de Servicios y la CRA, que recomiendan que debe haber de 3 a 4 funcionarios por cada mil suscriptores. Para los 40.000 que había en ese momento, se necesitaban solo 120 operadores. Con lo que tenía Esaquín era suficiente y además tenía una nómina que costaba $400 millones mes. En 2016, con la nueva nómina se subió a $900 millones mes, incluidos supernumerarios y contratistas de prestación de servicios. Los gastos y los costos administrativos con semejante burocracia no permiten que la empresa cumpla con su obligación de reinvertir en cada municipio un porcentaje del recaudo para resolver entre otros, el problema de implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales, Ptar.

Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los diferentes intereses políticos, la junta directiva, apenas ahora faltando 9 meses para cumplirse el plazo, aprobó el incremento del 35% pleno, a partir del 1 de mayo próximo.

Este manejo de la política tarifaria por parte de EPQ, es inaceptable. Las contradicciones que hayan tenido o tengan los sectores políticos que no se pudieron poner de acuerdo para aprobar el incremento tarifario gradual, no tienen porque pagarlas la población.

También es inaceptable un incremento del 35%, cuando el que tuvo el salario mínimo es de menos del 6%. A esa situación el gobierno departamental y EPQ deben buscarle salidas. 

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