Martes, 20 Ago,2019
Opinión / SEP 25 2016

La paz: verdades y mentiras

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Sobre la paz y la guerra se han escrito teorías, leyendas y hasta novelas. La más notable de éstas es La Guerra y la paz, escrita por  León Tolstoi, que gira en torno de la invasión de Napoleón a Rusia,  en los albores del siglo XIX.

En esta materia, no ha sido Colombia la excepción. Aquí se han escrito relatos diversos que, en una u otra forma, se relacionan con  la paz. Está, en primer lugar, Viento seco, novela publicada en 1952 por Daniel Caicedo, escritor caleño, ya fallecido.

Es una crónica escueta y veraz sobre hechos de la violencia política en el Valle del Cauca, en la cual se destacan el incendio de Ceilán, corregimiento de Bugalagrande, y la matanza llevada a cabo por detectives y policías en la Casa Liberal de Cali. Sin embargo, ese período de violencia generalizada ejercida por el gobierno contra el partido Liberal, no puede calificarse de ninguna manera como guerra civil, pues no la hay entre un gobierno que monopoliza las armas y un partido político inerme.

Ahora Santos ha proclamado jubiloso en la ONU el fin de un supuesta guerra que ha durado, según él, cincuenta y seis (56) años. Aquí, en pocas palabras, hay varias mentiras, todas inmensas.  Veamos.

La primera, llamar guerra a la existencia de unas cuadrillas de delincuentes (Farc, Eln, Epl etc.) cuya capacidad de alterar el orden público ha sido diferente, según el ejercicio de la autoridad por los sucesivos gobiernos.

Por ejemplo, en el primer cuatrienio de ese período (1966-1970) gobernó a Colombia Carlos Lleras Retrepo, sin lugar a dudas el mejor mandatario en el siglo pasado; en ese tiempo, no hubo guerra, como afirma Santos, sino una paz octaviana.

De paso, hay que advertir que en castellano, como en todos los idiomas, las palabras tienen significados precisos que deben tenerse en cuenta al emplearlas. La guerra la define el Diccionario  de la Academia, como “Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación.” Es evidente que si en una nación de más de veintisiete millones de habitantes (como era la nuestra en 1978) existe una cuadrilla de mil forajidos, no puede hablarse de guerra civil.

La mentira de Santos sobre la guerra de los cincuenta y seis años, resulta más evidente si se tiene en cuenta que durante más de 25 años de vigencia de la Reforma Constitucional de 1991, el estado de conmoción interior solamente ha regido por algunos meses (que sumados no llegan a un año). Implantado por el gobierno en seis oportunidades, el decreto se ha declarado inexequible cuatro veces, por la Corte Constitucional, porque no se daban las circunstancias para dictarlo.

Tampoco hubo guerra antes, en los gobiernos de Misael Pastrana y Julio César Turbay. Durante el presidido por Belisario Betancur (1982-1986), si bien hubo desórdenes graves, como el asalto del M- 19 al Palacio de Justicia, no se llegó nunca a la guerra civil.

En síntesis: la guerra civil cuya finalización pregona Santos, solamente ha existido en su mente, obsesionado como vive por el Premio Nobel de la Paz.

¿De dónde ha surgido ahora todo el escándalo de una supuesta guerra civil? De la falta de autoridad de un gobierno y de una rama judicial que han resuelto negociar con una banda criminal dedicada al secuestro, la extorsión, el asesinato de civiles inermes, el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y otras conductas punibles previstas en el Código Penal. Negociación cuya finalidad práctica consiste en decretar una especie de amnistía para toda clase de delitos, entre ellos los definidos como de lesa humanidad (la destrucción de la iglesia de Bojayá, la matanza de los 13 diputados del Valle del Cauca, el ataque al Club El Nogal, etc.).

El proceso de demolición de las instituciones, ha culminado con la incorporación a la Constitución Política de un texto farragoso, ininteligible, lleno de promesas imposibles, denominado “Acuerdo para el establecimiento de una paz estable y duradera.” Ese mamotreto de 297 páginas, que nadie ha leído ni leerá, será sometido a votación el 2 de octubre, día en el cual la mayoría, intoxicada por una propaganda monstruosa, dirá SÍ. ¿Para qué?

Para asegurar la impunidad total a los criminales de las Farc, cuyos cabecillas llegarán al Congreso para contagiarse de los vicios de la politiquería, como culminación de su trayectoria delictiva.


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