Jueves, 15 Nov,2018

Editorial / SEP 14 2018

La ‘seguridad’ jurídica

La otra interinidad por resolver en Armenia es la de la seguridad jurídica. Tiene que ser un ejercicio de inteligencia y responsabilidad compartidas.

La ‘seguridad’ jurídica

En Armenia, el ordenamiento territorial no deja de ser noticia desde 2017 cuando inició el debate de si se debía construir a 15 o 30 metros de las fuentes hídricas, luego vino la derogatoria de los decretos 064, 030 y 081; ahora queda en entredicho si se cuenta o no con estabilidad jurídica para continuar con el desarrollo urbanístico de la ciudad.

La polarización en torno al desarrollo urbanístico de Armenia parece ser un tema de nunca acabar. Desde agosto de 2017 inició la controversia, pues aunque la ‘Ciudad Milagro’ ha sido referente en el país por la construcción de su Plan de Ordenamiento Territorial, POT, la Procuraduría General de la Nación la eligió como el territorio para desarrollar un proyecto piloto que hallara el equilibrio entre la expansión urbana y la preservación de los suelos de protección y el agua.

Con ese precedente, la administración municipal derogó los decretos que reglamentaban el aprovechamiento urbanístico y el Plan de Ordenamiento Zonal, POZ, de la avenida Centenario, con el objetivo de proteger el Paisaje Cultural Cafetero y realizar una expansión inteligente del territorio. Ese fue el punto de quiebre para abrir la discusión acerca de si hay seguridad jurídica en Armenia para el sector construcción.

Ahora los constructores registran reducciones de lanzamientos de proyectos de vivienda en un 60% en el último año, lo cual impacta directamente otros indicadores como disminución en ventas del 45%, reducción en iniciaciones del 59% y por ende una oferta del 31%. Inseguridad jurídica, es lo que argumenta el gremio. Asegura que los inversionistas no van a traer sus proyectos a una ciudad donde no están las reglas claras.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Planeación de Armenia advierte que sí hay seguridad jurídica, pues el POT cuenta con todos los lineamientos base para desarrollar cualquier proyecto y expedir licencias de construcción. Además, señala que aunque algunos artículos fueron demandados —el gran debate de si se deben dejar franjas de 15 o 30 metros de distancia de las fuentes hídricas— el tribunal ordenó continuar con las reglas establecidas en el acuerdo 019 de 2009. También se espera que en los próximos meses se cuente con un nuevo POZ, para lo que se adelanta un estudio que es acompañado por el Igac.

En las otras capitales del Eje Cafetero el panorama es similar y muestra de ello fue la marcha que el pasado 5 de septiembre emprendieron los constructores de Caldas, Risaralda y Quindío. Recorrieron la avenida Santander de Manizales, usando cascos blancos, para alzar en una voz su inconformidad por las decisiones que en el último año se han tomado y que han impactado directamente al sector.

El debate continúa. Ahora el escenario es el concejo municipal, donde los corporados adelantan un debate juicioso de la actualidad del ordenamiento territorial de Armenia y ponen en discusión, con todas las autoridades competentes, los puntos de vista para acordar cuáles serían las mejores decisiones que, basadas en la norma, puedan contribuir a que un tema tan importante para el desarrollo económico de la capital quindiana sea un gana – gana. Ojalá que estos espacios de análisis avancen con celeridad y se pueda decir con certeza ¡Hay seguridad jurídica! Y que el paisaje y los recursos ambientales no se vean comprometidos. Que se decida quién va a gobernar a Armenia en lo que resta del periodo constitucional y que con un padrinazgo como el del presidente Duque y la voluntad compartida de todos los sectores intervinientes en esta situación, la ciudad emerja como un ‘nuevo milagro’.

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