Jueves, 19 Sep,2019
Opinión / MAY 26 2019

Las matemáticas de la Justicia

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En interesante página de Internet llamada ‘Definición de.’, aparece un ensayo sobre las ciencias exactas que llama la atención para ilustrar el tema de hoy: “cuando se habla de capacidades intelectuales, las personas de las sociedades occidentales suelen dividirse en dos grupos: aquellas que tienen facilidad para las matemáticas y quienes las detestan.

Pero esto va más allá del mero interés, ya que los individuos que aseguran odiar los números, son fácilmente aturdidos por una cuenta simple, sea una suma o una resta, y evitan por todos los medios el contacto directo con cuestiones de tipo exactas, inclinándose por las apreciaciones subjetivas. Las ciencias exactas donde se resaltan las matemáticas, suelen enfrentarse a la literatura. Sin embargo, si se observa detenidamente la vida de un representante de cada grupo, probablemente se encuentran muchas situaciones en las que hacen uso de la materia para la que aseguran no haber nacido”.

Aplicable a quienes en nuestro País están encargados de diseñar, aprobar y aplicar las leyes en su sistema de justicia, de ahí que registre tantas falencias que, tal como acá se ha expuesto en forma reiterada, ofrece demasiadas garantías y mecanismos que favorecen la corrupción. Este diario registró esta semana una noticia sobre la audiencia en el proceso contra Francisco Javier Valencia Salazar, cónyugue de la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, “acusado por la Fiscalía General de la Nacional, FGN por hechos de presunta corrupción derivados del proceso de licitación dentro de las obras de valorización en Armenia”. Dice la nota periodística que, según el ente persecutor, él se apropió de $12 mil millones y en la edición del jueves se informa que Sebastián Congote, exgerente de la Edua, suscribió contratos por cerca de $1.500 millones y la Fiscalía aludió que tales dineros le fueron entregados en efectivo al mismo individuo, sin existir justificación para ello. El juez que adelantó la diligencia, señaló que, según el informe contable, el monto de la retribución, debía ser de $7 mil millones. Me explica un abogado que esto es normal al negociar con la justicia, pues un implicado simplemente aduce que no cuenta con todo el dinero objeto del ilícito, ya que debió pagar coimas, se ha gastado buena parte, etc. y finalmente conviene reintegrar solo parte en dinero y en cárcel. De ahí que por el Estado debemos pagar lo que el corrupto no devuelve pues con seguridad lo ha asegurado, encaletado, testaferrado, enviado al exterior o escondido bajo cualquier modalidad mañosa. Es el “negocio” amparado en las matemáticas, “inexactas” y facilistas del mecanismo de descongestión judicial que nos rige y que aprovechan los corruptos para burlar nuestra justicia. Triste realidad.

@Alarce4


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